Melilla es la región con menos concursos de acreedores de España

Melilla, junto con Ceuta, son las regiones con menos concursos de acreedores de España con un 0,05% de los que se registraron en el país desde la pandemia y hasta este año 2023. No obstante, a nivel general los economistas prevén un crecimiento de tales concursos del 54% en 2024, según el Atlas Concursal 2023 elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas.

El documento revela que los concursos de acreedores de personas físicas y autónomos se han duplicado en el tercer trimestre de este año frente al mismo periodo de 2022, tras crecer un 111,38 %,

Frente a este incremento, los concursos de sociedades se han reducido un 3,2 % en el trimestre; no obstante, si se comparan las cifras con las del mismo trimestre de 2019, antes de la pandemia de coronavirus, el aumento para personas naturales más autónomos ha sido de un 328,15 %, y de un 8,68 % en sociedades.

Con estos datos, los economistas prevén que en conjunto, entre 2019 y 2023 los concursos crecerán un 20%, porcentaje que elevan hasta el 54% en 2024.

Reforma de la ley concursal

Los economistas valoran los efectos de la moratoria concursal vigente hasta el 30 de junio de 2022, que sirvió para contener el incremento concursal previsto por los efectos de la pandemia.

Sin embargo, concluida la moratoria, se detectó un incremento de estos procedimientos de aproximadamente el 30%, que cabe esperar que siga aumentando por el contexto de desaceleración económica, los elevados tipos de interés, la inflación o el inicio de la devolución de los créditos Covid-19.

En 2022, una de cada 370 empresas entró en concurso, tras crecer un 26% y pasar de 7.265 en 2021 a 9.189 en 2022; el estudio destaca la subida de los concursos de autónomos, que son los que más crecieron.

En cuanto a los concursos de microempresas (de menos de 10 trabajadores) se sitúan en segunda posición y representan el 36% del total; si se tienen en cuenta conjuntamente autónomos, micropymes y pequeñas empresas, entre 2021 y 2022 han crecido un 33%, al pasar de 5.984 en 2021 a 7.986 en 2022.

Por lo que respecta a los concursos de personas físicas, aumentaron un 25% en 2022 hasta alcanzar 6.777 procedimientos, desde los 5.429 de 2021, y suponen ya el 42% del total; su número, indica el informe, se ha triplicado desde 2019.

Concursos por sectores y comunidades autónomas

El comercio ha sido el sector más afectado por la subida de los concursos, con 1.197 procedimientos, seguido de servicios profesionales (859); construcción (837); industria y energía (676), y hostelería (588).

Desglosados los datos por comunidades autónomas, la moratoria no ha impedido el aumento en el número de insolvencias, con Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía concentrando cerca del 74 % del total (6.844 concursos en 2022).

Estas cuatro comunidades autónomas, junto con el País Vasco, Galicia y Murcia, superan los 250 concursos de acreedores de empresas, y Cataluña es la comunidad en la que más concursos se produjeron en relación con el número de empresas (un 0,47%).

Le siguen la Comunidad Valenciana, con un 0,32%; Madrid con un 0,31%, y el País Vasco y Asturias, con un 0,29%.

Las regiones con menor porcentajes de concursos en relación con su número de empresas son La Rioja, con un 0,10%; Extremadura, con un 0,07%; y Ceuta y Melilla, con un 0,05%.

El informe alerta sobre el elevado número de concursos sin masa, lo que antes se conocía como "concursos exprés", que en el tercer trimestre de este año suponían el 81,5% del total, un dato preocupante ya que al no tener masa estas sociedades están condenadas a la liquidación.

REFOR pone el acento en el hecho de que España es el segundo país de Europa con menor ratio concursal, ya que sólo 15 de cada 10.000 empresas presentan concurso de acreedores, muy por debajo de la media europea, donde la cifra es de unas 60 de media.

Esta diferencia puede achacarse a la "abultada" economía sumergida que aún persiste en España, así como al estigma que todavía se aplica a las empresas que piden el concurso.