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El Gobierno de Melilla se queda sin cobrar 1,8 millones de euros en deudas prescritas

Almansouri también informa de que las facturas con más de tres meses sin tramitar, se anulan para que el proveedor las pueda reclamar

El Gobierno de Melilla dejará de cobrar 1,8 millones de euros en deudas prescritas, según anunció en el pleno celebrado este lunes la consejera de Hacienda Dunia Almansouri.

La cepemista indicó que se trata de deudas que no se han podido cobrar por diferentes motivos o causa, como personas que han fallecido, personas ilocalizables, entre otras.

“Si pasan los cuatro años de haber notificado esa deuda y no se ha obtenido respuesta, pues se anulan”, añadió.

La consejera de Hacienda remarcó que esta cuestión se lleva a cabo todos los años y se trata de un expediente de carácter ordinario que se hace a inicios de año. Indicó que se revisan los recibos que no se han podido cobrar, se marcan como incobrables y se anulan.

El objetivo es “no tener todos los años arrastrando unos derechos reconocidos que son reales”, apuntó la consejera.

 

Facturas de más de 3 meses

 

Otra de las notificaciones fue un informe de Intervención sobre facturas que estaban sin tramitar desde hace más de tres meses.

Almansouri también indicó que se trata de un trámite administrativo. Comentó antes no se hacía, pero sí desde que está en la cartera de Hacienda.

“No es más que aquellas facturas que lleven más de tres meses en el registro de facturas sin que se hayan tramitado ni reconocidas por la Administración, se anulan para dar opción a los proveedores a reclamarlas o tramitarlas lo que consideren oportuno para cobrarlas”, añadió.

La consejera insistió en son trámites ordinarios estas dos comunicaciones realizadas en el pleno.

El acuerdo en el Pleno

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad el único punto del día y era la adenda al convenio que hay rubricado entre la Ciudad y la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de suministro de información para finalidades no tributarias.

La consejera de Hacienda explicó que se trata de un asunto de trámite y este acuerdo no es otra cosa que la Ciudad pueda acceder a información de contribuyentes y al revés, es decir, que por parte de las dos administraciones se pueda consultar, por ejemplo, para tramitar ayudas del Estado.

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