Medio Ambiente estudiará cómo abordar lo sucedido con las obras de emergencia de Horcas

El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, ha manifestado en declaraciones a El Faro que su departamento tendrá que estudiar cómo aborda lo que ocurrió con las obras de emergencia de Horcas Coloradas. Por ahora no hay ninguna decisión adoptada al respecto de una actuación que supuso alrededor de 3 millones de euros a las arcas públicas aún cuando su precio inicial de adjudicación era de poco menos de 300.000 euros.

Los populares fueron especialmente beligerantes con esas obras de las que siempre sospecharon pudieran tener precios inflados y ponían como ejemplo lo sucedido con el coste de la tonelada de piedra empleada en construir un dique que no estaba contemplado en la emergencia. De este modo, afirmaron que el precio era de 9 euros la tonelada en la cantera mientras que puesta en la playa de Horcas, el valor de la piedra ascendía a 120 euros y así se había facturado a la Ciudad Autónoma.

El actual consejero de Medio Ambiente fue muy crítico con lo sucedido en torno a los trabajos en la costa norte de la ciudad, motivados por el temporal que se desató en Melilla en abril de 2022. Entre otras cuestiones, siempre defendió que el coste de las obras tenía que ser asumido por el Estado, al ser el responsable y competente en la materia, poniendo de manifiesto que jamás se firmó acuerdo alguno por el que la ciudad tuviera que hacerse cargo del gasto.

Por estos y otros motivos, el entonces grupo popular solicitó por escrito al Gobierno de Eduardo de Castro la creación de una comisión de investigación que depurara las posibles responsabilidad que pudieran haberse producido en este tema y establecer qué había sucedido para que una ejecución inicialmente presupuestada en 300.000 euros hubiera terminado costando al erario melillense casi 3 millones de euros. La solicitud de los populares nunca llegó siquiera a abordarse en el seno de la Comisión de Medio Ambiente.

Es más, el propio Manuel Ángel Quevedo manifestó en enero de este año 2023 que la Ciudad Autónoma había pagado hasta 900.000 euros por 700 toneladas de piedra que ni siquiera había entrado por la aduana. Eso se supo después de que se estableciera la diferencia entre las toneladas de piedra que entraron por la aduana y se pesaron en la oficina del IPSI con la que llegó hasta la zona donde se trabaja, arrojándose ese diferencial.

En su opinión, esta circunstancia era una razón más para apoyar la petición de una comisión de investigación sobre lo que ha sucedido con esas obras de emergencia.