Las autoridades marroquíes abortaron en los últimos tres años 70 intentos de salto masivo de las vallas fronterizas de las ciudades norteafricanas españolas de Ceuta y Melilla, protagonizados por 10.000 migrantes.
Según informó a EFE el Ministerio marroquí del Interior, los saltos masivos fueron caracterizados por "la violencia extrema y el uso de armas artesanales" contra los servicios de seguridad.
El mismo departamento indicó que ambas ciudades despiertan constantemente el interés de las redes de tráfico de migrantes, y constató que éstas están usando lanchas rápidas y equipadas con motores fueraborda (fabricadas en el sur de Europa o en Ceuta y Melilla) para el transporte de estas personas desde las costas marroquíes.
"Marruecos sigue afrontando una presión migratoria constante, inducida por un tira y afloja de factores en África y Europa que se refuerzan, lo cual requiere más que nunca una cooperación fuerte con todos los socios en el marco de un diálogo constante", dijo la misma fuente.
El último intento de salto masivo fue el pasado 17 de noviembre, cuando casi un millar de subsaharianos intentaron entrar en Ceuta pero ninguno de ellos lo consiguió al ser todos contenidos por Marruecos.
Hasta finales de noviembre, las autoridades marroquíes frustraron la salida de 64.500 emigrantes indocumentados y socorrieron a 15.000 en el Atlántico y el Mediterráneo (frente a 70.781 intentos frustrados y 12.500 personas socorridas en el mar en 2022), la mayoría de ellos subsaharianos.
En lo que respecta a Melilla hay que recordar que el último gran salto se produjo el 24 de junio de 2022, cuando la represión marroquí provocó la muerte de al menos 23 migrantes, según fuentes oficiales. Aquel episodio puso en jaque al ministro del Interior español, Fernando Grande-Maslaka, y suscitó una enorme contestación de los organismos internacionales por considerar que se había empleado una fuerza desproporcionada en la represión contra los subsaharianos, fundamentalmente procedentes del Sudán, un país en guerra.
El Gobierno español tuvo que enfrentar entonces una fuerte polémica sobre todo cuando el Defensor del Pueblo anunció que más de 400 devoluciones a Marruecos se habían realizado de forma ilícita.
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