María Antonia Garbín: “En mi condena hay algo que no encaja”

La Audiencia Provincial de Málaga, Sección séptima de Melilla, emitió ayer la ratificación de la sentencia por la que la ex consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, ha sido condenada a diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier cargo público al ser considerada como autora de un delito continuado de prevaricación administrativa, dentro del ‘caso Abogados’.

La noticia de la ratificación ha cogido a Garbín desprevenida. En declaraciones a El Faro, explicó que esto “ha sido algo totalmente inesperado”.

La ex consejera de Bienestar Social quiso aclarar su disconformidad con la sentencia. “Es totalmente injusta, porque para hacer este tipo de delito necesitaría más ayuda. Es imposible que yo haya hecho esto totalmente sola”.

Garbín aseguró que “aquí hay algo que no encaja, porque si de lo que se me acusa fuese cierto, deberíamos estar todos los acusados condenados. Y esto no ha sido así”. Y añadió que “según la sentencia, ya que solo se me condena a mi, se da a entender que yo he ideado todo este procedimiento, desde el principio y hasta el final. Algo que sería totalmente imposible”.

En este punto, Garbín aseguró que los expedientes se empezaron a hacer en el año 98, cuando gobernaba Coalición por Melilla (CpM) y que ella empezó a ocuparse de la cartera de Bienestar en el año 2003. “Fue en julio exactamente. Y justo a finales de ese mismo mes, los técnicos comenzaron a pasarme documentos para que los firmase”, explicó.

Según dijo ayer, a ella nadie le advirtió de nada, aunque no quiso apuntar hacia los técnicos. “Ellos han sido absueltos y me alegro mucho, pues yo siempre confié en su inocencia”, aseguró. También quiso señalar “que uno de los votos particulares de un juez explica que no hay prevaricación en ningún caso. Esto hace que esta sentencia sea totalmente increíble y que no se pueda entender”.

Así mismo, Garbín quiso dejar claro que “esto no es un tema de corrupción, pues no ha habido nada de dinero de por medio”. En su opinión se trata de “un tema administrativo, ya que no hubo ninguna desviación de fondos”. Es más, afirma que la contratación de los abogados que se hicieron bajo su mandato “ahorraron un millón y medio de euros” a la Ciudad. Respecto a su estado anímico, la ex consejera de Bienestar socia afirmo sentirse “muy mal porque esto es una noticia totalmente inesperada. Yo no he cometido prevaricación”.