Los planes de empleo deberían iniciarse el 1 de julio para cumplir los plazos

Los planes de empleo pendientes deberían empezar a funcionar el próximo 1 de julio para poder cumplir los plazos y no perder los 11 millones de euros que la Delegación del Gobierno recibe para su realización. Así lo ha manifestado este miércoles la consejera de Presidencia y Administración Pública, Marta Fernández de Castro, quien señaló que este programa debe estar finalizado como muy tarde el 31 de diciembre próximo para poder obtener la subvención.

Fernández de Castro destacó que la situación de la Ciudad Autónoma y de la Delegación del Gobierno con respecto a los planes "no son análogas" por cuanto que la primera tiene los contratos formalizados y el trabajo iniciado desde el mes de febrero mientras que la segunda se ha limitado a la contratación de 80 personas y "va tarde" para ejecutar el resto del programa.

Según la consejera popular hay casi 80 trabajadores que sí fueron contratados en los planes de empleo de la Delegación, razón por la que entiende que podrían haberlos desarrollado en su totalidad en tiempo y forma. "Podían haberlo hecho con la totalidad de las 1.036 personas siempre y cuando le hubieran dado ejecución en el momento pertinente. Ahora estarían trabajando y no tendríamos este problema", sentenció.

En su valoración con respecto a la reunión mantenida entre ambas partes el pasado martes en la Delegación del Gobierno, la titular del área de Presidencia manifestó que los representantes del Ejecutivo nacional no dieron los datos relativos a la cantidad necesaria para sufragar la diferencia retributiva que tiene paralizados los planes. "No nos lo llegaron a decir, que eran datos que no nos podían facilitar", apuntó.

El caso es que la Ciudad Autónoma continúa "tendiendo la mano" a la Delegación para que pueda finalmente desarrollarse este programa de planes de empleo y no se pierdan los 11 millones pendientes de ejecución. "Nos manifestaron en numerosas ocasiones que esos 11 millones no se iban a perder porque iría a parar al tesoro público".

Pero el Gobierno de Imbroda no cree que deba devolverse esa cantidad a Madrid. "Esos 11 millones tienen que quedarse en Melilla para emplear a gente que así lo necesita y para generar una economía circular que nos beneficia a todos, además de bajar la tasa de paro", precisó la consejera.

Ésta reiteró el ofreciendo de la Ciudad Autónoma para adelantar el dinero necesario tras la sentencia. "Fuimos a la reunión con ánimo de colaboración y para teder la mano realizando un suplemento de crédito", explicó para añadir que, según los representantes de la Delegación del Gobierno, la cuestión no es simplemente económica "sino de otra índole".

"Nosotros le tendemos la mano incluso para otras cuestiones que no sean exclusivamente económica y así se lo trasladamos a la delegada", recalcó Fernández de Castro.