Los interinos de la CAM piden que se respeten las bases de la convocatoria de las plazas

La Plataforma de Interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) ha pedido a la consejera de Administración Pública, Gloria Rojas, que se respeten las bases de la convocatoria de las plazas por entender que son “totalmente legales”. Asimismo le solicitan que se dé continuidad al proceso de estabilización en tiempo y forma tal y como establece la legislación vigente.

Esta organización de interinos le recuerda a la consejera socialista que las bases de los procesos selectivos para la estabilización de empleo temporal de larga duración previstos en las disposiciones adicionales sexta y octava y en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de Diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad de las Administraciones Públicas, fueron negociadas conjuntamente entre la administración y las secciones sindicales, y aprobadas por los mismos por unanimidad.

 “Al publicarse algunos recursos en el BOME el pasado 31 de enero, son numerosos los interesados que han realizado alegaciones en los posteriores 10 días hábiles, incidiendo en la legalidad del proceso y en el grave perjuicio que ocasionaría la modificación de unas bases ya aprobadas en Consejo de Gobierno, después de finalizar el plazo de admisión de solicitudes”, señala.

La plataforma hace hincapié en que cualquier modificación sustancial en las bases “implicaría ir en contra del interés general y empezar de cero, debiendo buscar de nuevo un acuerdo sindical, la aprobación de nuevas bases por parte del Consejo de Gobierno, la publicación en el BOME, la publicación en el BOE y la apertura de un nuevo plazo de admisión de solicitudes”. Asimismo, “promovería que los afectados ejercieran su derecho a pedir las responsabilidades pertinentes interponiendo acciones legales”.

Señalan estos interinos que la estabilización de los puestos de trabajo de unos 200 empleados públicos, en su mayoría mujeres con un promedio de edad de 50 años, depende de esas bases y que cualquier modificación conllevaría “el correspondiente perjuicio a sus familias, empleados públicos que por décadas han desempeñado su trabajo en puestos estructurales viendo afectado su legítimo derecho a estabilizar su puesto de trabajo”.