El Instituto de la Empresa Familiar y las 18 Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar han recordado este martes que las empresas familiares, sean del tamaño que sean, son “la columna vertebral de la economía española”, así como “expresión de su dinamismo y la mejor muestra de la creatividad, iniciativa y afán de progreso del país”. Según afirman, las empresas familiares han contribuido “con entusiasmo a la modernización y la prosperidad de la España democrática”.
Según remarcan en un manifiesto titulado ‘La España en la que nos queremos quedar’, todas ellas representan a más de 1.500 empresas en toda España que facturan más de 355.000 millones de euros y dan empleo directo a alrededor de 2.140.000 personas, al tiempo que suponen en torno al 28 por ciento del producto interior bruto (PIB) del país.
Teniendo en cuenta, según dicen, que todas estas empresas “son España”, corresponde a todos, incluido el Gobierno, “considerarlas y tratarlas como una parte esencial” de la realidad social. En este sentido, remarcan que la Constitución española y las leyes europeas han creado un marco político de libertad y convivencia que es necesario “preservar y reforzar”.
Por todo ello, piden “reflexión y un análisis riguroso” sobre su actividad para que, al legislar, “no se creen barreras competitivas desfavorables respecto de las que existen en los países de nuestro entorno”. En este sentido, consideran que el Gobierno debería compartir el “legítimo orgullo” que ellos sienten por los logros de las empresas familiares y ver en su acción “una proyección de la imagen de España en el mundo”.
Igualmente, quizás a colación del traslado de la sede social de Ferrovial a Holanda, reclaman al Ejecutivo “que evite descalificar a empresas y empresarios por decisiones adoptadas en el legítimo derecho de su actividad empresarial”. En su opinión, “es imprescindible componer un clima de respeto constructivo que permita la consolidación y el desarrollo de las empresas” para contribuir a su prosperidad y al bienestar de la sociedad.
Pese a todo, tanto las 18 asociaciones territoriales -entre las que se encuentra la andaluza, que engloba a Melilla- como el Instituto reiteran su disposición a dialogar con las instituciones para solventar cualquier problema que pueda haber para “seguir construyendo un país próspero, libre y moderno”.
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