El Ministerio del Interior, en colaboración con el deSanidad, ha creado la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario. Mediante esta figura se pretende poner fin a las agresiones y amenazas de las que son objeto buena parte del personal médico, de enfermería y otros profesionales que desarrollan su trabajo en hospitales y centros de salud.
Según ha informado Interior, el interlocutor policial se constituye como un cauce de comunicación entre los cuerpos policiales y los responsables del centro sanitario encargado de coordinar, desarrollar y ejecutar las actuaciones contra cualquier manifestación de violencia o intimidación a la que estén expuestos los sanitarios.
Los interlocutores serán expertos designados por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El Faro contactó ayer con fuentes del Sindicato Médico de Melilla, quienes aplaudieron la medida adoptada por el Gobierno central para tratar de dar una respuesta eficaz frente a las agresiones y amenazas a las que se ven expuestos los profesionales por culpa de gente que se cree por encima de los demás. Personas que recurren a la violencia cuando tienen que hacer cola para que un médico las atienda o por cualquier otra excusa, que no causa. Frente a esas actitudes, no basta con hablar de tolerancia cero: hay que actuar para garantizar siempre la seguridad del personal que trabaja de forma abnegada por cuidar la salud de sus conciudadanos.
Las fuentes consultadas apuntan que “las intenciones son buenas” cuando se ha creado la figura del interlocutor policial, pero no se atreven a aventurar si serán o no efectivas.
Por ello, proclamaron que se deben endurecer las penas para los pacientes que amenacen, injurien o lesionen a los trabajadores sanitarios. Y tienen razón. No basta con una sanción pecuniaria para alguien que agreda a un médico. La ley debe ser inflexible con todos aquellos que usan la violencia para ‘solucionar’ sus frustraciones.
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