La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Las Palmas ha anunciado en un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las resoluciones por las que se resolvieron los concursos de adjudicación de vacantes de provisión por antigüedad para el empleo de Guardia Civil.
De este modo, los servicios jurídicos de AUGC Las Palmas anunciaron que han obtenido "un nuevo éxito en la defensa de los derechos de sus afiliados", debido a la desestimación de dos recursos, presentados por un agente que solicitó destino al Puesto Principal de Puerto Rico – Mogán, en Gran Canaria y la Dirección General de la Guardia Civil no le adjudicó la vacante que solicitó en las dos convocatorias de destinos del año 2021.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid señaló en los Fundamentos de Derecho de su sentencia que, “la resolución nº 2130003, de 19 de abril, se convocó concurso de provisión de vacantes, para guardias civiles en servicio activo; en dicho concurso se publicaban una serie de vacantes, entre las que no figuraba ninguna en el puesto de Puerto Rico-Mogán, de la Comandancia de la Palmas; pero, la citada resolución indicaba que se podrán solicitar las vacantes que quedaran libres como consecuencia de los movimientos de aquellos que obtuvieran plaza en virtud de dicho concurso de traslado”.
La AUGC afirma que este agente denunció que de todas las vacantes que, hipotéticamente, pudieran resultar en el referido Puesto de Puerto Rico Mogán, resultó que cuatro agentes de la Guardia Civil, que estaban destinados en Puerto Rico-Mogán, cambiaron de destino, pero la Administración solo adjudicó tres vacantes, dejando una sin cubrir, en aplicación del artículo 13.2 del RD 470/2019, por considerarla “bloqueada”.
"Lo mismo aconteció con el concurso nº 21300010 de 29 de octubre de 2021, en el que no se ofertaron vacantes en el Puesto de Puerto Rico-Mogán, pero cambiaron de destino tres guardias civiles y la Administración adjudicó solo dos, dejando nuevamente sin adjudicar una de ellas".
La AUGC denunció que "de nuevo ha tenido que ser un órgano judicial, ajeno pues a la estructura de la Dirección General de la Guardia Civil, quien reconozca la vulneración de los derechos de un guardia civil, anulando esos actos administrativos por no estar ajustados a Derecho y condenando en Costas a la Guardia Civil, unas costas que serán sufragadas por todos los contribuyentes".
Por último, esta Asociación afirmó que la ex directora general de la Guardia Civil, María Gámez, firmó las dos resoluciones declaradas contrarias a Derecho, "incrementando con su actuación el número de sentencias judiciales que ponen en tela de juicio el respeto a la legalidad del ministro del Interior", dijeron.
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