La juez ve riesgo de fuga en los exconsejero encarcelados y alude a su “ascendencia marroquí”

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha basado su decisión de enviar a prisión provisional comunicada y sin fianza a los exconsejeros de Coalición por Melilla (CPM) detenidos en la operación Santiago-Rusadir en el riesgo de fuga, dada su “ascendencia marroquí” y la situación geográfica de Melilla.

En el auto de prisión, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada considera que medidas como la retirada del pasaporte español y la prohibición de salida del territorio nacional son insuficientes, no solo por el “acicate” para eludir la acción de la Justicia que podrían suponer las penas de 8 y 6 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta para los delitos relacionados con la corrupción que se investigan en esta operación.

Según la jueza, los exconsejeros detenidos tienen nacionalidad española y arraigo en el país, pero “lo normal es que las personas de ascendencia marroquí también gocen de dicha nacionalidad y tengan pasaporte del país vecino, pudiendo eludir los controles de salida del país mediante la presentación de la documentación extranjera”.

“Es más, la situación geográfica de Melilla entorpece dicho control, puesto que la salida por mar mediante motos acuáticas y embarcaciones de recreo hace imposible un control efectivo de las personas en libertad provisional y con medidas menos restrictivas”, agrega el auto.

Otra razón por la que la magistrada justifica la necesidad del ingreso en prisión provisional es para evitar el “evidente riesgo” de destrucción de pruebas “mediante la coacción de personas que pudieran declarar como testigos o investigados”.

Según el auto, la organización criminal a la que supuestamente pertenecían “ha hecho valer la violencia y la intimidación cuando ha sido necesario para la consecución de sus fines”, de acuerdo con una serie de denuncias previas.

“La actuación de esta organización criminal como tal se refuerza por la participación en la misma de personas de carácter violento con múltiples antecedentes policiales” y “la integración de partidarios en las instituciones” dadas las “filtraciones” que se han producido tanto en la operación desarrollada en mayo del año pasado como en la de ahora, según el auto.

Todo ello lleva a la magistrada a ordenar la prisión provisional para los detenidos para evitar que las diligencias de investigación que tiene previsto seguir practicando se vean “seriamente perjudicadas por la interferencia de los que fueran consejeros por CPM y ahora investigados” en esta operación.

La decisión judicial coincide con la petición de prisión provisional comunicada y sin fianza que había realizado el Ministerio Fiscal y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

La operación Santiago-Rusadir investiga la presunta comisión de delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal y la causa forma parte de las diligencias previas abiertas en mayo de 2023 por un presunto caso de compra de votos por correo.

Tras pasar a disposición judicial el pasado martes, actualmente están en prisión provisional el Centro Penitenciario de Melilla los exconsejeros Hassan Mohatar, Rachid Bussian y Dunia Almansouri, que formaron parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma en la pasada legislatura, integrado por CPM, PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Cs).

En la misma situación se encuentran en la península dos miembros de Coalición por Melilla, concretamente su presidente, Mustafa Aberchán, que fue detenido en Santander, y el exconsejero Mohamed Ahmed, cuyo arresto se produjo en Granada.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla también decretó prisión provisional para la exviceconsejera Yonaida Sellam, aunque en su caso eludible bajo fianza de 5.000 euros, que fueron abonados al día siguiente.

El pasado viernes, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la operación Santiago-Rusadir acumulaba hasta ese momento 33 investigados, de los cuales los últimos 20 habían quedado en libertad provisional con cargos tras ser detenidos.