La ITV, a la carta

Maldonado pagó 210.000 € de fianza tras ser detenido. En mayo de 2003 la Guardia Civil de Melilla detuvo al entonces jefe de Industria de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Ricardo Maldonado, al que se le acusa de un delito de cohecho y otro continuado de falsedad documental. Era el máximo responsable del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la investigación de la Benemérita, que comenzó en el verano de 2002, encontró pruebas suficientes para implicarle en una trama de expedición de certificados de ITV a vehículos, especialmente camiones, sin pasar las pruebas reglamentarias.
En la mayoría de los casos, los vehículos ni siquiera se encontraban en Melilla. Únicamente bastaba con que la empresa de transportes para la que trabajaban tuviera actividad en la ciudad para certificar la ITV incluso a toda la flota de una misma empresa sin que ninguno de estos vehículos hubiera estado en Melilla alguna vez.

Una operación “muy compleja”
Para ello, el colaborador necesario era un guardia civil, destinado entonces en el Puerto de Málaga, quien supuestamente facilitaba las gestiones entre los conductores de los vehículos y el jefe de Industria en Melilla. En la investigación se recoge que Maldonado incluso habría firmado los certificados desde su propio domicilio.
Las pesquisas de los agentes del Instituto Armado abarcan desde el año 1999 al 2003, cuando supuestamente ocurrieron los hechos por los que hoy se juzgará a Maldonado y al miembro de la Guardia Civil destinado en Málaga. La operación fue calificada entonces de “muy compleja” y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla fue el encargado de tutelar la investigación así como de tomar la primera declaración a Maldonado.
Éste, tras ser detenido y trasladado al Centro Penitenciario de Melilla, pagó un día después una fianza de 210.000 euros. De todo lo sucedido El Faro de Melilla se hizo eco en ese mes de mayo de 2003.
En ese tiempo, el consejero de Medio Ambiente, Rafael Hernández (PSOE), dijo desconocer las supuestas irregularidades que se habían detectado en la Inspección Técnica de Vehículos, dependiente de su área, y desde el departamento de Recursos Humanos, que entonces dirigía Inés Urdiales, se le abrió al ex jefe de Industria un expediente administrativo y como primera medida se le cambió el destino dentro de la Administración de la Ciudad Autónoma, tal y como publicó en su día El Faro.