La Fiscalía General del Estado continúa investigando y está a la espera de practicar más diligencias sobre la tragedia ocurrida el 24 de junio en la frontera de Melilla con Nador en la que murieron al menos 23 inmigrantes durante el intento de salto masivo en la valla, han señalado a EFE fuentes de la institución.
El ministerio público encargó abrir una investigación por estos hechos días después de que ocurrieran ante su "trascendencia y gravedad" ya que podrían haber vulnerado derechos humanos y derechos fundamentales.
Un caso "complejo", según han subrayado las fuentes consultadas, que han indicado que la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez Álvarez, continúa con la práctica de diligencias para esclarecer los hechos.
También investiga la tragedia el Defensor del Pueblo, que considera que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" al rechazarse en frontera a 470 personas durante el intento de salto en la valla de Melilla.
La institución que dirige Ángel Gabilondo avanzó el pasado día 14 las primeras conclusiones de su investigación que fue respondida de forma inmediata por el Ministerio del Interior, que replicó que todos los rechazos en frontera que se realizaron durante el salto masivo se hicieron "dentro de la más estricta legalidad".
El Defensor del Pueblo advirtió de que "estará atento" al desarrollo de las pesquisas que está llevando a cabo la Fiscalía, a la que ha trasladado el testimonio y el parte de lesiones de uno de los residentes entrevistados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, además de solicitar información sobre los procedimientos usados para determinar la edad de los presuntos menores que lograron cruzar la valla.
El Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que en su disposición décima establece el régimen especial para Ceuta y Melilla).
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