Fuentes de la Delegación del Gobierno ha explicado este martes el porqué de las expulsiones que se puedan producir en el Centro Temporal de Inmigrantes (CETI) y ha dejado claro que exiten normas que establecen la posibilidad de tomar medidas en el caso de que se produzcan alteraciones en las reglas de convivencia que rigen en estas instalaciones.
Ello, después de que una Ong haya denunciado públicamente que se han llevado a cabo ocho expulsiones que, en su opinión, no han respetado la legalidad.
En ese sentido, fuentes de la Delegación ha recordado que el CETI es un centro que acoge a personas, familias y menores, y señalan que, precisamente por ello, deben aplicarse normas que garanticen la convivencia y la seguridad de los residentes. Es más, añaden estas fuentes que cuando las personas son acogidas, se les entrega un díptico, en su idioma, informándoles de las normas básicas de convivencia.
"El personal vulnerable prima ante todos aquellos que puedan alterar gravemente la convivencia pacífica o poner en riesgo la integridad y la salud del personal y residentes", explican las mismas fuentes.
Además, se ha dejado claro que las sanciones que se aplican por el incumplimiento de las normas "están en función de la gravedad del mismo y si existe reincidencia, y se establecen de conformidad con lo dispuesto en el RD 220/2022, de 30 de marzo de 2022".
De este modo se ha explicado que las sanciones pueden ir desde la reprimenda, pasando por la realización de servicios a la comunidad, hasta, en los casos más graves en los que además exista una reiteración de los hechos, la retirada temporal de las condiciones de acogida por un plazo máximo 1 mes.
En ese sentido, las fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que es cierto que actualmente existen algunas personas a las que se les ha aplicado la retirada temporal de acogida, "pero se debe a cuestiones muy graves, como por ejemplo, la agresión por arma blanca a otro residente, o la tenencia y consumo de droga de forma reiterada", se aclara.
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