La Asamblea de Melilla ha aprobado hoy, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, la abstención del PSOE y el rechazo de Coalición por Melilla (CPM), un reglamento de régimen interno de los centros de servicios sociales de la Ciudad Autónoma, que el Gobierno considera muy necesario por la "falta de comportamiento cívico" de algunos usuarios.
El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, ha señalado que se da "una tónica bastante generalizada" en los centros de servicios sociales, que no se da en otros organismos públicos, de algunos usuarios que "por sus características" acuden a ellos "con malos comportamientos", y quienes los sufren, ha afirmado, son los trabajadores sociales.
De hecho, ha asegurado durante la celebración del pleno ordinario de la Asamblea que algún empleado público de estos servicios han llegado a recibir amenazas incluso de muerte por parte de algún usuario, y también algunos han sido agredidos.
Por ello, ha considerado "un poco grave" las acusaciones de Coalición por Melilla (CPM) respecto al funcionamiento de los centros de servicios sociales, al asegurar durante el pleno que algunos de sus empleados públicos han dado lugar a "situaciones de injusticia" ante demandantes de ayuda contra los que incluso han llegado a "tomar represalias".
El portavoz de CPM, Hassan Mohatar, ha aclarado que no quería entrar en un debate sobre la profesionalidad de los funcionarios, a quienes "hay que apoyar", pero también ha pedido que se tenga en cuenta que los usuarios de los servicios sociales "son personas desesperadas, que están en las últimas y necesitan mucha ayuda".
El portavoz del PP, Daniel Conesa, ha manifestado su "sorpresa" ante la postura de CPM y ha dejado claro que la "práctica totalidad" de los funcionarios cumple con sus obligaciones, aunque ha recordado que para los casos en los que cometan irregularidades o se excedan de la prestación del servicio, "hay un itinerario perfectamente establecido" para sancionar.
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