Sanidad

Ingesa rectifica y negociará con los sindicatos 232 plazas para la oferta pública de empleo

Hace un par de semanas el Instituto dijo a los agentes sociales que sólo sacaría 172

Los sindicatos de Sanidad han logrado su objetivo: el Ingesa sacará casi todas las plazas para la oferta pública de empleo que hay pendiente desde 2016 y que se debe celebrar este año. Hace un par de semanas el Instituto informó a los agentes sociales de que se iban a convocar 172 plazas. Según la Federación de Sanidad de CCOO, se iban a perder 99 puestos de trabajo para funcionarios. Tanto este sindicato como UGT han protestado y han logrado que finalmente, en la reunión que habrá el miércoles, se analicen 232 plazas. De las prometidas en 2016, sólo se perderían cuatro, indicó CCOO y aún quedaría por negociar las de 2017, que también están pendientes.

La información que ha enviado el Ingesa a los agentes sociales indica que saldrán 60 plazas de médicos en varias especialidades, aunque la más numerosa es la de pediatras con once puestos de trabajo. Habrá otras 125 para personal sanitario no facultativo, como 42 para enfermeras, seis de matronas, siete de técnicos de laboratorio, trece de técnicos de radiodiagnóstico, 54 de auxiliares de enfermería y tres de higienistas dentales. Además, se convocarán otras 47 de persona no sanitario, con cuatro para gestión, doce para auxiliares administrativos y 31 para celadores.

CCOO ve viable que para marzo estén cerrados todos los acuerdos que tienen que ver con esta oferta pública de empleo. Esa fecha es el límite que tienen sindicatos e Ingesa para negociar las bases porque, en caso contrario, se perderán esas plazas.

La semana pasada, en una reunión en Madrid de una mesa de trabajo entre el Instituto y los agentes sociales, la Administración indicó que no podía sacar más de 171 plazas a oferta de empleo debido a la “complejidad del proceso”. Explicó a los sindicatos, que no quedaron convencidos por las indicaciones, que se precisaba la designación de diez personas para cada tribunal y que deseaba tener “el máximo rigor legal para realizar los procesos selectivos y que por ello se reducía” la convocatoria a esa otra cantidad.

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