FCC, Urbaser y Valoriza aseguran que la multa no afectará a sus servicios en Melilla

La adjudicataria de  la limpieza recurrirá la multa de 16,88 millones a FCC y 23,28 a ACS, propietaria de Urbaser

La multa interpuesta por la Comisión Nacional de los Mercados  de la Competencia (CNMC) a varias compañías por repartirse el mercado de gestión de residuos y saneamiento urbano no afectará al servicio en Melilla. Así lo afirmaron ayer las empresas encargadas del suministro del agua y la limpieza en nuestra ciudad, Valoriza y la UTE FCC-Urbaser.
Desde Valoriza precisaron que la multa ha recaído sobre la filial de medio ambiente, por lo que no tiene relación con la adjudicataria del servicio de agua de nuestra ciudad. Además, apuntaron que en cualquier caso la sanción no supondrá ningún problema en la prestación de servicios ni de agua ni de otros recursos.
Asimismo, desde la adjudicataria del servicio de limpieza de Melilla,la UTE FCC- Urbaser señalaron que se va a recurrir la sanción impuesta por la Comisión y apuntaron que otras empresas de las que han sido multadas también tomarán esta medida. Independientemente del recursos, aseguraron que la decisión de la Comisión no afectará en ningún caso a los servicios que se prestan ni en nuestra ciudad ni en otra. Desde la empresa apuntaron que no iban a hacer ninguna valoración sobre la decisión de la CNMC de multar  el procedimeinto por el que se ha adjudicatado varios contratos públicos.
Hay que recordar que ayer se dio a conocer que esta Comisión había multado a Urbaser (ACS), FCC, Valoriza (Sacyr) y Cespa (Ferrovial), así como a otras 35 empresas y a las asociaciones Aselip, Aceser y Arema con un total de 98,2 millones de euros por repartirse el mercado de gestión de residuos y saneamiento urbano. Uno de los contratos a los que se hace referencia en el informe elaborado por esta entidad entre los años 2000 y 2013 es precisamente el de limpieza de Melilla que se adjudicó a la UTE formada por FCC y Urbaser en 2010. Entre las multas más cuantiosas está la impuesta a ACS a través de sus filiales Urbaser y Sertego, con 23,28 millones de euros y la del grupo FCC, con 13,61 millones de euros.
La Comisión considera en su resolución que las empresas sancionadas llevaron a cabo de forma continuada y en numerosas regiones españolas un reparto de las licitaciones públicas en la gestión de residuos industriales, recuperación del papel y cartón y en la actividad de saneamiento urbano. Se repartían licitaciones presentado ofertas conjuntas bajo el modelo de UTE, llegaron a acuerdos para respetar a los clientes de sus competidores o intercambiaban información comercial sensible, además de boicotear aquellas licitaciones que no se adaptaban a sus intereses, siempre según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.