La Guardia Civil aseguró ayer que las víctimas de trata detectadas gracias al desmantelamiento de una red de explotación sexual en Melilla vivían en un régimen de “semi esclavitud”. Además, algunas de las mujeres se quedaban embarazadas y una vez que daban a luz en el Hospital Comarcal, las obligaban a pagar un precio estipulado para buscarles hombres de nacionalidad española que asumieran la paternidad de los recién nacidos. De esta forma se conseguía documentación nacional para los bebés y a su vez la madre obtenía la tarjeta de residencia, “con el consiguiente fraude para el Estado al documentar a inmigrantes irregulares” en nuestro país.
Consumo de drogas
La investigación llevada a cabo en el marco de la operación ‘Heteras’ ha servido para descubrir que las víctimas de esta red de trata, mujeres con pocos recursos de nacionalidad marroquí, vivían en un régimen de semi esclavitud, ya que no disponían de libertad de acción. Además, eran obligadas a consumir drogas para que estuvieran más activas y las inducían a que también les facilitaran este tipo de sustancias a sus clientes. De hecho, en el registro del inmueble se halló cocaína y hachís. En los pisos, además de ejercerse la prostitución, también se vendía alcohol y sustancias estupefacientes.
Las mujeres eran introducidas en Melilla “mediante engaños” y una vez aquí las obligaban a prostituirse. Se trataba de personas con necesidad y pocas opciones de conseguir un empleo, ya que no tenían la documentación necesaria.
Sin apenas ingresos
El líder de la red se encargaba de asegurarse de que las mujeres llevaran un horario ininterrumpido para que ejercieran la prostitución y les cobraba el alojamiento y la manutención “dejándoles unos insignificantes ingresos que apenas alcanzaban para su subsistencia”.
La operación continúa abierta y podrían localizarse más víctimas, así como más inscripciones de personas en el Registro Civil mediante el fraude realizado por la organización para conseguir documentación tanto para los bebés como para las propias mujeres. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Melilla ha sido la encargada de llevar a cabo esta investigación que se ha dilatado durante algo más de un año.
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