La presentación del acuerdo programático de PSOE y Sumar incluye la reducción de la jornada laboral semanal. La medida formará parte del programa del nuevo Gobierno de coalición en caso de obtener los apoyos necesarios Pedro Sánchez, quién sería investido durante el mes de noviembre.
Aunque los socialistas no querían tocar la jornada laboral, Sumar puso la reducción de las horas de trabajo como una condición indispensable para el acuerdo de Gobierno. Para la formación liderada por Yolanda Díaz, resulta imprescindible generalizar las 37,5 horas en un primer momento y, aun así, continúa con su intención de impulsar otra nueva reducción, más adelante, a 32 horas de acuerdo con los agentes sociales.
A nivel nacional, según los cálculos de Comisiones Obreras (CCOO), alrededor de 13 millones de personas se beneficiarían de esta medida.
En la ciudad autónoma, el secretario general de UGT-Melilla, Javier Valenzuela, calcula que serían entre 12.000 y 13.000 personas las que verían reducidos sus turnos de trabajo. Eso supone, aproximadamente, un tercio de las alrededor de 36.700 personas que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra como población activa.
La mayor parte de los trabajadores cuyo trabajo se acortaría pertenecen, según datos aproximados extraídos por la UGT de anteriores elecciones sindicales, serían militares –entre 3.500 y 4.000-, de educación -1.700-, limpieza -1.300- y Ciudad Autónoma y Delegación del Gobierno -1.200-. A continuación, habría unos 1.000 guardias civiles y unos 600 policías nacionales.
Además, habría 200 personas en esta situación dentro de sociedades públicas como Promesa, Remesa y Emvismesa, otras 200 trabajando en el sector de Justicia y otras 200 en el centro asistencial.
Cifras menores presentan, según las cuentas ugetistas, la Universidad de Granada (UGR) -150-, la Autoridad Portuaria -90- y Correos -60-.
A estos números habría que sumarles quienes están por convenio, como los vigilantes de seguridad, los empleados de la Cruz Roja o los trabajadores de las ambulancias.
Según el secretario general de CCOO en Melilla, Francisco López, afectaría a todos los trabajadores de la empresa privada y, así, la cantidad se eleva a “más del 56 por ciento de los trabajadores de la ciudad”.
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