Empresarios que participaron en Universo Melilla, la muestra con la que la Ciudad se promocionó en Málaga entre el 6 y el 12 del pasado marzo, han afirmado a El Faro que estudian emprender “acciones legales” tras haber transcurrido “más de 80 días” desde que prestaron los servicios por los que se les contrató.
El plazo legal fijado para que la Administración pague a empresas y autónomos que hayan ejercido como proveedores está fijado en 30 días. Ahora, según las fuentes consultadas por este periódico, ha transcurrido casi el triple de esa fecha límite.
Las mismas fuentes precisaron que sólo han percibido “una pequeña parte” del dinero por el que se les contrató, en concreto “un 20%” de la cantidad estipulada.
Empresas afectadas
En su edición del pasado día 13, El Faro publicó que, de acuerdo con las fuentes consultadas, las empresas afectadas son al menos ocho. Esas compañías o particulares fueron contratadas por distintas consejerías, como las de Cultura y Presidencia, y viceconsejerías, como la de Turismo. Sin embargo, afirman que es la Consejería de Hacienda la que está suponiendo una traba para que puedan percibir el pago.
Consejería de Hacienda
“Las distintas direcciones generales dicen que la responsabilidad es de Hacienda”, recalcó la fuente con la que conversó este diario.
El Faro ha intentado recabar una respuesta por parte de Esther Donoso, la titular de Hacienda. Sin embargo, la consejera no ha atendido las llamadas.
La fuente aseguró que “en casi todos los ayuntamientos están cumpliendo” con los pagos a proveedores. Añadió que, de no hacerlo, “el Estado los sanciona”.
En el artículo publicado el pasado día 13, este periódico menciona un comunicado de las empresas afectadas, las que afirman que llevan más de un mes llamando a Contabilidad de la Ciudad para conocer el motivo del retraso en los pagos que se les deben. “La respuesta es siempre la misma: que la tiene la interventora o la consejera (de Hacienda), pero aún no sabemos nada”, señalaron.
Contratación legal
La fuente que ha contactado este periódico aseguró que “todos los directores generales de todas las áreas dicen que no entienden por qué no se nos ha pagado”, puesto que la contratación se ha hecho “de forma legal”.
Las empresas afectadas reclaman a la Administración que atienda sus demandas, dado que detrás de estas compañías y trabajadores autónomos hay personas que tienen que mantener a sus familias y necesitan esos ingresos para salir adelante.
En el comunicado recibido por El Faro se afirma: “Mendigar pagos por servicios realizados a la Administración no es algo que quien gobierna deba permitir”.
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