El PSOE insiste en su petición de la dimisión de la consejera de Cultura

Más allá de las responsabilidades penales que se deriven del proceso judicial, Escobar lamenta que “para que aparezcan 3 libros, Chocrón ha tenido que verse delante de un juez”. El secretario general del PSOE de Melilla, Gregorio Escobar, insistió ayer en la petición de su formación política de la dimisión de la consejera de Cultura, Simi Chocrón, por “su falta de transparencia” en el caso de la compra de 4.000 libros de ‘Melilla y su judaísmo’ por el que se pagaron 70.000 euros entre 2009 y 2011. Tras la declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Melilla de la consejera, Escobar lamentó que sea ante un juez el momento ‘límite’ necesario para que Chocrón enseñe el libro de la discordia. “Que para que veamos dos o tres ejemplares de ‘Melilla y su judaísmo’ la consejera de Cultura se haya tenido que ver delante de un juez, es el resumen perfecto de cómo se ha llevado este asunto por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma”, aseveró el dirigente socialista. Escobar expresó ayer, a preguntas de los periodistas, sus impresiones sobre la comparecencia judicial de Chocrón e insistió que aún no se explica qué ha llevado a la consejera a no dar las explicaciones pertinentes en una comisión de investigación a la que se negó. “Hemos tenido que llegar al ámbito judicial porque se ha negado una y otra vez en el ámbito de la Asamblea a convocar una comisión de investigación que aclarara las adjudicaciones de estos libros y su distribución”, recordó el líder socialista. Desde la formación que lidera Escobar, seguirán de cerca el desarrollo del proceso judicial contra Chocrón, que sigue imputada por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Escobar aseguró que serán respetuosos con la labor judicial y con la decisión que se tome al final del procedimiento. Eso sí, más allá de las responsabilidades penales que puedan derivarse de la actuación judicial, Escobar dejó claro que hay unas responsabilidades políticas “ineludibles”. “Que esto haya tenido que llegar al ámbito judicial, ya es suficiente para que la consejera hubiera dejado su puesto ante la incapacidad que ha demostrado para el desarrollo de una función tan obvia como es la de clarificar cómo se ha producido la compra de los libros”, concluyó.