El Gobierno quiere que todas las autonomías acojan menores migrantes

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha afirmado este martes que el Gobierno pretende “implicar” a todas las autonomías en la acogida de los menores migrantes que llegan a Ceuta, Melilla y Canarias, y ha subrayado la necesidad de entender que se trata de un fenómeno “que se mantendrá en el tiempo” al ser “estructural y no coyuntural”.

En una comparecencia ante los periodistas en Ceuta, el representante ministerial se ha referido a esta cuestión después de mantener una reunión de casi una hora en el Palacio Autonómico ceutí con el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), y en la que también ha estado presente la delegada del Gobierno, Cristina Pérez.

Rubén Pérez ha señalado que la situación migratoria en Ceuta “de cientos de menores no es un problema de las comunidades que los reciben sino que estamos hablando de una cuestión de los mínimos derechos humanos y de la configuración del modelo de Estado que queremos hacer”.

En este sentido, ha detallado que “no podemos permitir que soporten un colapso de su sistema de protección de menores Canarias, Ceuta y Melilla teniendo perfecta capacidad el conjunto de los territorios del Estado español para ser solidarios 'motu proprio' porque llevamos trabajando en mecanismos de solidaridad que han permitido en los años 2022 y 2023 establecer un criterio de reparto y traslado de 700 menores en ratios perfectamente asumibles por las comunidades autónomas”.

El secretario de Estado ha puesto como ejemplo que “una comunidad como la andaluza, con 8 millones de habitantes, estamos hablando de recibir 28 menores, con lo cual aliviaría los sistemas de protección de Canarias, Ceuta y Melilla y permite el consenso entre administraciones de colores diferentes”.

Rubén Pérez ha aludido a la Conferencia Sectorial de Infancia, “donde se ha conseguido un mecanismo de reparto de menores que ha conseguido aliviar a esas autonomías pero debe llegar ese mecanismo de corresponsabilidad de todas las administraciones”.

En particular, se ha referido a una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería “que entre otras cosas permitiría una asunción de responsabilidades a través de la ley pero mientras no llega esa modificación legislativa necesitamos mecanismos ágiles para el reparto”.

El secretario de Estado ha concretado que las organizaciones sociales que trabajan con los menores “pueden asumir perfectamente esos traslados pero esa propuesta inmediata fue rechazada en la última Conferencia Sectorial, con lo cual hemos vuelto al sistema de reparto a través de las comunidades”.

Ha insistido en que las autonomías deben entender que “cuando se habla de España es construir también un país que sea absolutamente digno en la asunción de corresponsabilidades en lo que tiene que ver con los niños que llegan a nuestras costas ya que el interés superior del menor debe estar por encima de cualquier situación administrativa”.

Y ha apuntado que “lo que no puede ser es que esta acogida sea a través de la creación de más y más centros de menores, por lo que las comunidades deben asumir un incremento de la corresponsabilidad en este asunto. Se pueden dotar más recursos y queremos que sea de manera inmediata”.

Rubén Pérez tiene claro que los menores migrantes “van a seguir viniendo ya que la migración es un derecho natural de mucha gente porque las condiciones económicas no han cambiado y nosotros, como país responsable, debemos entender que estos procesos de migración de menores tienen un triple de riesgo”.

Ha señalado que se va a convocar de manera inmediata la Conferencia Sectorial para aprobar el traslado de 300 menores de Canarias y 100 de Ceuta, pero "vamos a seguir insistiendo en las entidades del Tercer Sector que tienen plazas y podrían acogerlos aunque la tutela siga siendo de la autonomía a la que llegan”.

“No estamos hablando de personas migrantes sino de niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad de todo tipo, tenemos capacidad como país para formar parte de nuestra sociedad con una garantía de derechos, ahí no hay competencias y es un esfuerzo que debemos hacer como Estado. La migración de menores no es coyuntural sino estructural”, ha remarcado.

En el caso de Ceuta ha dicho que el diálogo con la autonomía ceutí “ha sido ejemplar” pero entiende que “sus sistemas, sus kilómetros y su presupuesto no puede soportar la creación de centros sin ningún tipo de política más expansiva, de ahí nuestro compromiso con esta ciudad porque la solidaridad debe ser corresponsable y legislada para que sea obligatoria”.