El Gobierno de Melilla, bajo sospecha

La Policía Nacional requirió este viernes al presidente de Melilla documentación supuestamente relacionada con la compra de votos por correo durante las elecciones del 28 de mayo, lo que deja en ascuas a una ciudadanía que ha tenido que asistir al bochornoso espectáculo de ver cómo éramos noticia nacional por la adulteración de nuestro proceso democrático.

Ahora, sobre esa misma ciudadanía pesa el temor de que esa adulteración se haya podido llevar a cabo desviando el dinero público, o, lo que es lo mismo: el dinero de todos.

Según ha podido saber El Faro, la Policía Nacional ha dado orden al Gobierno de que no se efectúe ningún tipo de pagos pendientes ni desde la Administración local ni desde sus empresas públicas y el presidente en funciones, Eduardo de Castro, ha firmado un decreto que recomienda a todos colaborar y aportar toda la documentación que soliciten los investigadores.

Cuando creíamos que ya no podía pasar nada más ni nada peor, vemos cómo va cobrando fuerza la hipótesis de que los votos que se pagaban a 50, 100, 150 y hasta 200 euros durante la campaña electoral se podrían haber comprado con dinero desviado de proyectos necesarios en la ciudad.

Basta con asomarse a la ventana para ver cómo está Melilla. En cuatro años hemos retrocedido en el tiempo. No se ven por ninguna parte los millones llegados de Europa. Especialmente los que se han adjudicado y repartido porque algunos, como los de la Línea 8, presentados en rueda de prensa, ni están ni se les esperan. De ese dinero sólo está sobre la mesa la promesa de la consejera de Hacienda en funciones, Dunia Almansouri, de que se pagarán. Pero seguimos sin saber cuándo. Mucho menos sabemos si por fin con el remanente de 2022 estas ayudas se ampliarán a otras empresas que cumplen los requisitos pero no resultaron ser beneficiarias.

Para los melillenses es doloroso pensar que los representantes públicos que teníamos en la Asamblea están bajo sospecha de la Policía Nacional. No hay forma de asumir que las personas elegidas para gestionar las arcas públicas hayan podido desviar fondos para reventar la democracia en beneficio propio o de un partido político.

Melilla no se merece esto. Esta ciudad tan sufrida y atacada no merece semejante traición.