El Gobierno condena a los empleados públicos a "una nueva pérdida de poder adquisitivo", según CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha manifestado este lunes su rechazo a la propuesta de subida salarial planteada por el Gobierno para 2022, 2023 y 2024.

De acuerdo con el sindicato, la oferta final de Hacienda incluye una subida total del 6% para el conjunto de 2022, 2023 y 2024, más un 1,5 adicional vinculado a la evolución del PIB y del IPC, pero "no alcanzaría ni tan siquiera el previsible incremento de los precios de este año y en 2022 se volvería a perder poder adquisitivo (5,5 puntos)".

En el mejor de los casos, ha dicho CSIF, los empleados públicos "obtendrían una actualización del 7,5 en tres años y no del 9,5 como asegura el Gobierno", que pretende "sumar los dos puntos que ya se subieron a principios de año y que ya están amortizados por la evolución de los precios".

Sobre la misma cuerda, han recordado que el colectivo de empleados públicos arrastra una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% y solo en los dos últimos años se ha perdido cerca de un 10%.

Para CSIF, "esta precaria subida salarial que supone un desprecio a la labor de los/as empleados públicos", con el que "el Gobierno da excusas de mal pagador, traiciona su palabra y vuelve a fallar a un colectivo fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que jugaron un papel esencial en los peores momentos de la pandemia".

Otras condiciones laborales

Asimismo, CSIF mantendrá una posición exigente para que el Ejecutivo "cumpla ya otros compromisos pendientes en materia de condiciones laborales", como la jornada de las 35 horas, la implantación efectiva del teletrabajo o el desarrollo de la carrera profesional.

No sin afirmar que estudiará nuevas movilizaciones, el sindicato ha subrayado que "hay que reseñar que el Gobierno ha fallado en el fondo y las formas", ya que hasta este lunes "no nos ha presentado un documento".

Al respecto, el sindicato ha señalado que el borrador de acuerdo recoge cuestiones que, como las 35 horas, ya podrían estar implantadas como normativa de carácter básico, a lo que se ha negado la Administración; el teletrabajo, pendiente desde 2021; o medidas que van dos años con retraso en materia de Igualdad (Implantación del III Plan de Igualdad o el protocolo por acoso sexual).

Asimismo, ha propuesto en la negociación otra serie de medidas prioritarias que seguirá exigiendo, como la derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras; la supresión de las reglas de contención de gasto a los efectos de que las comunidades autónomas puedan proceder a la devolución a sus empleados públicos de las pagas extras de ejercicios anteriores pendientes de su reintegro; o la habilitación de fondos para corregir las desigualdades retributivas entre los empleados públicos.

El sindicato también permanecerá demandando el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas, así como el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa; la supresión de la tasa de reposición; la modificación de la promoción interna flexibilizando la misma y la regulación con carácter excepcional del concurso de méritos; la movilidad voluntaria como mecanismo prioritario de provisión de puestos de trabajo; y el incremento de financiación a las Mutualidades para la prestación de una asistencia sanitaria adecuada.