El Defensor del Pueblo investiga cinco denuncias de maltrato en La Purísima

Actualmente hay dos causas abiertas en los juzgados por este motivo e implican a trabajadores del centro

El Defensor del Pueblo está investigando un total de 14 denuncias de maltrato en centros de menores. De ellas, cinco fueron alegadas por menores de la Purísima. Las otras nueve implican al Centro de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia, en Madrid. Según se relata en el Informe Anual que ayer entregó el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en las Cortes, son tres las actuaciones que hay abiertas.

Respecto al centro melillense, actualmente hay dos actuaciones: una de ellas sobre cuatro residentes que afirmaban haber sufrido malos tratos por parte de trabajadores del centro y por las que hay un procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla. La segunda causa fue abierta en 2015 a raíz de la queja de otro menor, si bien en junio se abrió juicio oral y se está a la espera de la emisión de los escritos de defensa para su remisión al Juzgado de lo Penal.

En la ciudad autónoma, la institución ha podido constatar “una vez más” que la entidad de protección de menores “no sigue las previsiones contenidas en el Protocolo Marco de Menores no Acompañados para la realización de las pruebas de ADN”, según recoge en el mismo informe.

Precisamente, las quejas relacionadas con los procedimientos de determinación de la edad son, de nuevo, uno de los objetos de “atención especial” en el Informe del Defensor, que cree que “ha llegado el momento de hacer una revisión en profundidad del sistema existente”. En este sentido, censura “las graves deficiencias detectadas” en los procedimientos seguidos en varias comunidades para determinar la edad, que demuestran además la necesidad de una mayor coordinación “a fin de evitar la divergencia de prácticas detectadas” incluso dentro de la misma autonomía.

Pruebas complementarias

También aboga por “clarificar la confusa situación en la que se encuentran” los jóvenes que tienen documentos acreditativos de su minoría de edad, y que sin embargo son sometidos a pruebas complementarias. Un hecho que puede llegar a tener “consecuencias irreparables”, como las que sufrió un menor marroquí en situación de desamparo que, pese a sus documentos, las pruebas oseométricas dictaminaron que tenía 19 años, por lo que fue tratado como un adulto y vivió en la indigencia durante varios meses.

Otro de los asuntos sobre los que se lamenta es que los menores extranjeros no acompañados no puedan trabajar a partir de los 16 años como cualquier otra persona en España si no lo solicitan con antelación. Así, piensa que no es “acorde con el interés superior de estos menores la limitación de su posibilidad de trabajar, ni justificada su discriminación respecto al resto de menores extranjeros, que sí están autorizados para trabajar al alcanzar la edad laboral sin necesidad de realizar ningún otro trámite”.