El Barkani declara hoy ante el juez por la expulsión de 21 inmigrantes

El delegado del Gobierno y el coronel de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, están citados a las 12:00 horas. Los subsaharianos emplearon coches ‘kamikazes’ en febrero de 2013. El delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y el coronel de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, están citados hoy a las 12:00 horas para declarar ante el juez de Instrucción número 5 por la expulsión en febrero de 2013 de 21 inmigrantes que entraron en la ciudad empleando coches ‘kamikazes’ en las fronteras de Beni Enzar y Farhana. La citación se dio a conocer hace diez días, después de que el juez Miguel Ángel García Gutiérrez admitiera a trámite la querella criminal interpuesta por Coalición por Melilla (CpM) y la asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) el pasado mes de diciembre.
CpM y la asociación Prodein creen que El Barkani y Martín Villaseñor supuestamente incurrieron en un delito de prevaricación y otro contra los derechos individuales por expulsar a los 21 inmigrantes que entraron de manera irregular a la ciudad autónoma en coches ‘kamikazes’, vehículos con los que se saltaron a toda velocidad los controles policiales en los pasos de Beni Enzar y Farhana.
Además de la citación del delegado y del responsable de la Guardia Civil, el juez Miguel Ángel García Gutiérrez ha solicitado a la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Melilla información sobre cómo se produjeron estas devoluciones de los inmigrantes y a la Comandancia de la Guardia Civil que identifique a las personas que intervinieron en la detención y devolución de estos subsaharianos.

Dos ‘kamikazes’ en cuatro días
La primera entrada en coches ‘kamikazes’ se registró en la frontera de Beni Enzar el 7 de febrero del año pasado. Consiguieron cruzar nueve inmigrantes subsaharianos. Tan sólo cuatro días después, 12 inmigrantes lo lograron de la misma manera, a través del puesto fronterizo de Farhana.
Tras estos sucesos, El Barkani anunció en rueda de prensa que se devolverían a Marruecos a los inmigrantes que entraran violentamente o “prestándose a situaciones de chantaje humanitario que beneficien a las mafias que trafican con seres humanos”. El delegado del Gobierno indicó  también que la devolución de estas personas era fruto de la colaboración entre España y Marruecos, en virtud del acuerdo firmado en 1992, que no entró en vigor hasta diciembre de 2012.

Devoluciones sin tramitación
Sin embargo, CpM y Prodein consideran que la devolución de estos 21 inmigrantes se hizo “sin los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería”.
Los demandantes sostienen que también se ha incumplido el  el acuerdo bilateral con el país vecino. Este convenio establece un mecanismo de devolución y readmisión de los extranjeros más ágil que los procedimientos contemplados en la Ley de Extranjería, pero ello no debe suponer, según argumentan en la querella, “la ausencia absoluta de trámites administrativos ni la de derechos para los extranjeros, quienes como mínimo deberían tener la posibilidad de ser identificados, de exponer sus circunstancias personales y a la asistencia letrada, ya que previamente a la devolución y readmisión, siempre existe una detención”.
En el escrito de la querella criminal se hace referencia a la información que publicó El Faro el año pasado sobre las declaraciones de El Barkani en relación a la devolución que se produjo el día 12 de febrero de 2013 de los nueve inmigrantes que cruzaron la frontera de Beni Enzar a toda velocidad en un coche. Es decir, que se tardó solamente cinco días en hacer todo el trámite de identificación, asistencia de un abogado y la emisión de la resolución administrativa de devolución a Marruecos.
Respecto a los otros doce subsaharianos que entraron el día 10 de febrero a través de Farhana, la querella de CpM y Prodein  subraya que “fueron conducidos sin tan siquiera ser identificados ni conocer nada de sus circunstancias a Marruecos. De hecho, podemos prever que ni tan siquiera consta algún registro de la acción realizada por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, recoge la querella.