Denuncia trato vejatorio y represalias por parte de un agente de la Guardia Civil

Después de que un vigilante de seguridad le pidiera a un funcionario de la Guardia Civil, quien no estaba en funciones, que moviera su vehículo pues estaba aparcado en doble fila y llamara a la Policía Local para que actuara e instarlo a mover el coche, comenzó un camino de denuncias y una sanción que asciende hasta los 600 euros para el vigilante.

R.M. explicó a El Faro, que los hechos iniciaron a finales de octubre y principios de noviembre, cuando se produjo impasse en el que el vigilante, “haciendo mi trabajo, le pedí moviera el coche”. Según, R.M, el agente le dijo “acuérdate de mí”.

El 25 de noviembre del 2018, explicó, el agente quien sí estaba en funciones en ese momento, reconoce al vigilante quien conducía el vehículo de su madre y le pide que detenga el coche. De acuerdo con la denuncia hecha a la Policía Nacional, a R.M. le solicitaron los documentos, a los que le hicieron fotografías y registraron el vehículo mientras el hombre estaba en una esquina sin poder ver lo que ocurría.

Además dijo que en el cacheo, estuvo 10 minutos con los pantalones bajados hasta los tobillos y en calzoncillos. “Luego le dejaron ir sin encontrarle nada comprometedor ni sancionarlo”.

Esta denuncia fue realizada, según R.M, por “un cacheo excesivo y un mal trato (...) Creo que la acción de uno de los agentes es por represalias y hacer mi trabajo”. No obstante, unos meses después le llega una sanción de la Guardia Civil, donde se indica que en la revisión del 25 de noviembre le encontraron un trozo de hachís y un cigarro de la misma sustancia y una multa de 600 euros.

En el Acta-Denuncia se indica que “se observa a una persona que hace ademanes de ocultar algún objeto en las vestimentas que portaba al paso de la fuerza actuante, por lo que se procede a su identificación y le realiza un cacheo superficial de sus pertenencias, localizando en un paquete de tabaco un trozo de hachís y un cigarro de la misma sustancia consumiéndolo en la mano derecha, por lo que se procede a su aprehensión y se le informa que sería denunciado por estos hechos”.

R.M. niega que consuma drogas y menos en la vía pública. Reconoce que conducía sin cinturón de seguridad. El vigilante recurrió el 24 de julio la denuncia a la Delegación del Gobierno “y me la paran. Dándome 10 días para demostrar que el proceso ha iniciado judicialmente”. Menciona que acudió a los juzgados para saber el estatus del proceso y es referido a la Comisaría de la Policía Nacional, donde le dicen que “si no hay delito, es archivado”.

Este 4 de septiembre, formuló una ampliación de denuncia en la Policía Nacional en la que informa de la sanción de 600 euros “por unos hechos (consumo de drogas) que él no ha cometido. Que el recurso que hizo en Delegación fue desestimado”.

Señala que en Delegación le pidieron ir a la Comandancia a fin de denunciar los hechos y le pidieron una analítica, “esto es injusto. Pido que se haga justicia”.