De Castro dice que el fin del estado de alarma provocará “indefensión”

El presidente de Melilla se pronunció este viernes sobre el debate abierto en todos los territorios a raíz del anuncio del Gobierno de España de la posibilidad de no prorrogar más allá del 9 de mayo el actual decreto de estado de alarma, paraguas legal que permite en la actualidad todas las restricciones a la movilidad y otras libertades individuales como fórmula para contener la pandemia.

Eduardo de Castro considera que esta posibilidad dejaría a los territorios en una situación de cierta “indefensión” en tanto que les privaría de la herramienta jurídica necesaria para establecer medidas que afectan a derechos fundamentales. “El estado de alarma es una herramienta muy excepcional pero, como ha dicho el Consejo de Estado, tendremos que reformar algunas leyes para garantizar la legalidad de las medidas que se requieran”, explicó el presidente local.

Para De Castro “está muy claro que necesitamos seguir contando con alguna herramienta para poder llevar a cabo restricciones si fuera necesario”, dejando claro que se tratan de medidas “que a nadie nos gusta tomar, pero que son imprescindibles para el control de la pandemia”. “Tenemos que evitar que haya algún rebrote y sólo se consigue reduciendo contagios, para lo que es obligatorio evitar contactos”, añadió.

No obstante, el presidente de la Ciudad Autónoma resaltó que esta toma de medidas “es prioritario compensarla con el aumento de la inmunidad a través de la vacunación, ya que sólo así podremos dejar cuanto antes las restricciones”.

El presidente defendió la necesidad de alguna herramienta jurídica para seguir haciendo frente a la pandemia, ya que se trata de derechos y libertades cuya regulación solo es posible a través de leyes orgánicas. De cualquier forma, De Castro advirtió de que Melilla y Ceuta no tienen capacidad legislativa como ocurre en el caso de las comunidades autónomas.

Adecuar la ley

El Consejo de Estado sugirió al Gobierno que adecúe la Ley de Salud Pública para dar a las comunidades autónomas "el mejor marco jurídico posible" para afrontar la pandemia de coronavirus.

Así figura en el preceptivo dictamen del Consejo de Estado del 22 de marzo al recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo interpuso contra la norma gallega que establece medidas de control de las personas enfermas por covid, como el aislamiento en domicilio o centro hospitalario o la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse.

El Gobierno decidió recurrir esta norma ante el Constitucional en el Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo porque, a su juicio, estas previsiones contempladas en el artículo 5 de la ley de salud de Galicia, y que restringen derechos fundamentales, solo se pueden regular mediante una ley orgánica, que como tal debe ser dictada por el legislador estatal, no autonómico.

El dictamen, publicado en el BOE del miércoles, señala que “con independencia de la procedencia de la interposición de recurso de inconstitucionalidad en los términos señalados, el análisis de la cuestión debatida permite al Consejo de Estado sugerir” que el texto de la Ley de Salud Pública “podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción”.

El objetivo de esa adecuación, indica el Consejo de Estado, sería “proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública”. La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública data de 1986 y exige someter a control judicial las directrices que aprueben los gobiernos autonómicos.