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CSIF pide la dimisión del presidente de la Ciudad y del responsable de Salud Pública

El sindicato cree que desde el Gobierno han cometido “deficiencias graves” en su gestión

El sindicato CESIF ha pedido la dimisión del presidente de Melilla, Eduardo de Castro, y del responsable de Salud Pública, Mohamed Mohamed Mohand “por la incompetencia en la gestión de la crisis sanitaria por el COVID, entendiendo que ha podido incurrir en dejación de funciones ante esta pandemia, habiendo puesto en riesgo a la población de Melilla y por ser el máximo responsable”, indican sobre este último. Acerca de de Castro creen que debe dimitir “por honradez”.

El sindicato alega que “debido a la falta de toma de decisiones y medidas concretas más allá del cierre de los locales de hostelería, y no tener en cuenta las aportaciones de profesionales, entre otros, como fueron las del sindicato médico hace ya dos meses, se ha llegado a la situación de un hospital colapsado con la Unidad de Cuidados Intensivos llena y los profesionales sanitarios en riesgo, preocupados, desmotivados y cansados”.

Tras la publicación de los datos de ayer, en los que hubo casi 100 nuevas notificaciones de contagiados, CSIF entiende que desde la CAM, y particularmente desde la Consejería de Salud Pública, “no se ha previsto con tiempo suficiente ni se han tomado las medidas necesarias para evitar llegar a la situación en la que se encuentra Melilla actualmente”.

El sidicato asegura no comprender lo que ellos ven como “las deficiencias graves en la gestión sanitaria” como que a día de hoy “no tengamos los test de detección que por parte de la Ciudad Autónoma se debería haber adquirido, hecho que no puede ser más que por falta de programación y previsión.

Además, relatan que “a ello se suma la falta de información o la opacidad en ella, como es no saber el número de profesionales sanitarios afectados, los rangos de edad de los ciudadanos contagiados, las zonas o barriadas más afectadas o los lugares donde se han podido contagiar”.

Tampoco están de acuerdo con la medida de que 10 días después de la notificación de un contagio se dé a una persona por curada.

“¿El motivo de no hacer el segundo test es motivo económico?, ¿saben los señores que gestionan la crisis sanitaria lo que cuesta una noche de hospitalización o en unidad de cuidados intensivos? ¿o una baja laboral?, pues ese coste por el posible contagio a otros ciudadanos por haberse dado un alta cuando no se debería haber producido es inmensamente mayor que el coste del segundo test”, argumentan.

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