El diputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, anunció ayer que su formación ha presentado un recurso ante un tribunal administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda contra la encomienda de gestión del tratamiento de aguas a Remesa. De Castro recordó que en su momento ellos ya mostraron sus dudas ante esta adjudicación. Señaló que en el pleno del pasado 17 de noviembre, tanto ellos como el resto de los partidos de la oposición votaron en contra, aunque la encomienda salió adelante con el apoyo del PP y el Grupo Mixto.
De Castro indicó que el recurso se interpuso a finales del mes de diciembre y ha sido admitido. De hecho, el diputado de Ciudadanos precisó que el tribunal ya ha pedido a la Ciudad el expediente de esta contratación para analizarlo y dilucidar si existe algún tipo de irregularidad, tal y como mantiene la formación naranja.
El diputado de la oposición apuntó que en dos o tres semanas tendrán la resolución de este recurso y se mostró confiado en que se le dé la razón y el servicio tenga que salir a licitación para ser adjudicado a alguna empresa.
De Castro aseguró, asimismo, que al haber sido admitido a trámite el recurso, la Ciudad tiene la obligación de suspender la encomienda hasta que el tribunal tenga una resolución. Dijo que de hacer lo contrario se estaría incurriendo en una ilegalidad.
Informes negativos
El diputado de C’s recordó que esta encomienda salió adelante a pesar de que había dos informes de la Intervención negativos. Precisó que se hizo un tercer informe “a prisa” por una nueva interventora que llegó a la Administración, y éste sí dio el visto bueno.
Consideró que para poder hacer la encomienda, Remesa debería haber tenido recursos propios materiales y humanos, algo que según él no sucedió. Además, dijo que una empresa pública no puede subrogar a unos trabajadores de una privada, tal y como ha ocurrido en este caso.
El consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno, Manuel Ángel Quevedo, aseguró ayer que la encomienda no tiene que suspenderse porque se haya presentado un recurso por parte de Ciudadanos. Quevedo precisó en declaraciones a El Faro que se suspendería si se tratara de una adjudicación dentro de un proceso de licitación entre varias empresas privadas. Sin embargo, en este caso, al tratarse de una encomienda a una empresa pública, aprobada además por el Pleno de la Asamblea, no hay ninguna obligación de cancelarla aunque no haya resolución por parte del tribunal del Ministerio de Hacienda.
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