Política

CpM al PP tras la denuncia contra Berbel: “No saturen el juzgado, busquen soluciones”

Almansouri aclaró que la “desastrosa” situación educativa de las ratios se remonta a años atrás

La diputada de Coalición por Melilla (CpM), Dunia Almansouri, criticó la denuncia presentada por el Partido Popular hacia el director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel. “No saturen el juzgado, busquen soluciones”, instó la cepemista al Gobierno de Juan José Imbroda.

“Parece mentira que un partido que dice ser democrático vaya a denunciar al director general por la escolarización de 300 niños, conforme establecen las convenciones internaciones sobre menores”, aseveró. “Parece una noticia salida de hace 40 años”, añadió.

Asimismo, la diputada de CpM aclaró que la “desastrosa” situación educativa de las altas ratios en los colegios era un problema que se remonta a años atrás. Almansouri señaló que desde su partido “se llevaba años advirtiendo al Gobierno de la Ciudad que, con el índice de natalidad tan alto existente en Melilla, no íbamos a tener recursos necesarios para atender a todos los melillenses y residentes”, refirió.

“Soluciones sobre la mesa”

Del mismo modo, la cepemista arremetió contra el partido por no haber adaptado las viviendas que se encuentran en situación irregular para concederles las cédula de habitabilidad y “poder proceder al empadronamiento de esos niños”.

La diputada insta a “poner soluciones sobre la mesa” y a no buscar culpables, “aunque los haya y no sólo sea el Gobierno de la Ciudad, sino también el anterior director general, a quien habría que preguntarle qué hizo todos los años en los que el PP estuvo en el gobierno central”, apostilló.

Para Cpm, explicó Almansouri, las soluciones pasan por incluir la partida necesaria en los presupuestos para contratar a más técnicos de infantil, así como la apertura de los colegios para desdoblar horarios, contratar personal necesario y “ofrecer soluciones a los problemas de segregación”, expuso la cepemista.

Almansouri también criticó que estas acciones buscan “dañar la convivencia en Melilla y criminalizar a niños que tienen derechos por ser residentes en España”.

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