El diputado de Coalición por Melilla (CpM) Mohamed Ahmed ha acusado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de dificultar una vez más la labor fiscalizadora de la oposición al ponerle nuevas trabas como hacerles firmar un documento de confidencialidad cada vez que consultan archivos u abonar 15 céntimos por cada folio que fotocopien, medidas que antes no existían.
La queja de Ahmed viene dada tras su visita la semana pasada a la Consejería de Bienestar Social para consultar un expediente sobre una subvención pública otorgada a la Asociación por la Solidaridad y la Igualdad Social (ASIS) de Melilla. En su consulta se encontraron “con impedimentos para ejercer con la función de fiscalización” propia de oposición.
Según el cepemista, se les informó que desde entonces, “en el caso de que un diputado se lleve una fotocopia de un expediente, tendrá que pagar 15 céntimos y firmar un documento de confidencialidad”. Ahmed critica que esta confidencialidad es algo “inherente” en su actividad parlamentaria en referencia a mantener el secreto de los expedientes que consultan.
Este diputado trasladó su queja al consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, quien, según comenta, “se excusó en su director general para justificar estos impedimentos para el acceso a la información”, algo que de acuerdo con Ahmed, “está perfectamente regulado en el Reglamento de la Asamblea de la Ciudad.
El cepemista asegura que los técnicos municipales a los que consultó esta situación así como al interventor no comprenden “el motivo de más restricciones para poder acceder a los expedientes” o que se fije una tasa para realizar las fotocopias.
Ahmed señala que los propios melillenses son “víctimas de esta falta de transparencia”, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad “no deja de predicar que es muy transparente en todas sus gestiones”. Por otro lado, recuerda que Equo denunciará a la administración local ante el Consejo de Transparencia por no haber entregado la información solitiada hace más de un mes, que el periodo de tiempo máximo de espera. El cepemista acusa a Imbroda de echar por tierra su discurso de transparencia con actos de este tipo, que afectan al ciudadano.
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