Correos ha salido al paso de las declaraciones vertidas por los sindicatos con motivo de una 'rodada' contra el "desmantelamiento" de la empresa.
La empresa ha asegurado, en una nota de prensa, que "no existe ningún desmantelamiento, ni debilitamiento, ni plan de privatización "de Correos y la colaboración con sus filiales, incluida Correos Express, está dentro de las "habituales sinergias" generadas por la actividad y están "perfectamente delimitadas" en la normativa aplicable al Grupo Correos.
Correos ha indicado que toma las medidas organizativas necesarias para garantizar plenamente la prestación de los servicios postales y de paquetería y la atención al público en Melilla.
La pandemia aceleró el desplome del postal, que supone el 65% de los ingresos de Correos, con una caída de 560 millones de cartas menos que en 2019, por lo que el Plan Operativo Anual de Correos para 2021 recoge unas pérdidas a 77 millones de euros durante este ejercicio 2021.
Correos, como compañía pública, tiene la "obligación" de fortalecer su apertura a otros sectores y de diversificar su negocio, asignando eficientemente sus recursos, tanto humanos, como logísticos y tecnológicos, por lo que en función de la producción, que es fluctuante, adecua su plantilla y la estructura de sus secciones de reparto al nivel de actividad real. Y todo ello manteniendo siempre la calidad del servicio que presta a toda la ciudadanía, los compromisos de entrega de los envíos y notificaciones en los plazos contratados y el respeto a las condiciones laborales de su personal, ha señalado la empresa.
Correos, "que sigue trabajando" para ofrecer nuevos productos y servicios, tanto de administraciones públicas como de empresas privadas, y facilitar la vida a los ciudadanos, es el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal a todos los ciudadanos, en cualquier punto del territorio.
Por último, en el comunicado recuerdan que Correos garantiza su prestación en las mismas condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación que establece la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal (art. 1,2, art. 2 y art. 22.1).
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