Convocan a una huelga general en Correos del 1 al 3 de junio en Melilla

Con una acampada informativa a las puertas del Palacio de la Asamblea de Melilla, las representaciones locales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en el sector postal han anunciado una huelga general en Correos los días 1, 2 y 3 de junio contra el plan de desmantelamiento de este servicio público, que ambos sindicatos llevan más de dos años denunciando.

En concreto, la protesta exigirá al Gobierno la paralización de este desmontaje y la apertura de un verdadero proceso de diálogo sobre el modelo postal público en España, que permita revertir la situación de quiebra técnica en que se encuentra Correos y asumir un nuevo convenio, basado en el consenso y la calidad de empleo.

De acuerdo con Juan Diego Roman, secretario provincial de CCOO en Correos, más allá de las irregularidades en el tema de la aduana, "hay muchas cosas en Correos que no se están haciendo bien", sobre todo las relacionadas con la división de la empresa en unidades de negocio para facilitar su privatización "pura y dura".

A tenor con los sindicalistas, se ha estado provocando el hundimiento de la actividad de correo público desde una visión economicista y mediante el recorte del 50% de la financiación pública.

Además, bajo el lema "Correos no se vende, Correos se defiende", los trabajadores melillenses han recordado que esta fragmentación ha supuesto la precarización del empleo y de las condiciones de trabajo y, por ende, el deterioro de la calidad del servicio.

Para CCOO y UGT, la gestión de Correos ha impulsado, no sin poner en riesgo decenas de miles de empleos, el abandono intencionado del servicio público postal accesible y asequible. Como ejemplo han mencionado la subida de hasta un 80% en los precios, lo que "ahuyenta" a los clientes; así como un trato discriminatorio "entre ciudadanos de primera y de segunda", según su condición económica, social y geográfica.

De hecho, los sindicalistas consideran que los gestores nefastos "nombrados a dedo por el Gobierno" manejan este servicio público "como si fuera su cortijo particular" y lo han llevado a la ruina económica, con casi 500 millones de pérdidas en tres años y 1.038 millones en préstamos para afrontar pagos de nóminas.

Asimismo, han denunciado la pérdida de 7.000 puestos de trabajo desde 2018, y los objetivos de reducir la plantilla en un total de 15.000 y llegar a los 20.000 puestos a tiempo parcial (el 40% de la plantilla) para 2025.