El Colegio de Médicos pide medidas frente al “deterioro” de la sanidad en Melilla y Ceuta

• El Consejo General aprueba una declaración de apoyo a los profesionales de ambas ciudades

El Consejo General de Colegios de Médicos pidió ayer “las medidas oportunas y necesarias” que conduzcan a corregir lo que consideran “una situación singular” en Melilla y Ceuta (lugares en los que la gestión de la sanidad corresponde al Gobierno central) para evitar el “deterioro de la calidad asistencial”.

Asamblea

La asamblea general de esta organización aprobó una declaración institucional de forma unánime en la que expresó su apoyo y solidaridad a los profesionales médicos que ejercen en ambas ciudades autónomas, “como áreas de difícil desempeño y cobertura”, al igual que a sus pacientes, según informó el Consejo General de Colegios de Médicos en un comunicado.

Los Colegios de Médicos de Melilla y Ceuta denunciaron la dificultad para mantener la calidad y la continuidad asistencial con la consiguiente repercusión para el paciente, como consecuencia, en gran medida, de la sobrecarga laboral a la que están expuestos los facultativos en ambas ciudades autónomas, según señalaron en la nota de prensa.

Ello presenta una mayor dificultad que en el resto del Estado español, al tener que cubrir el cupo de pacientes correspondientes a las plazas que están vacantes, situación condicionada por ser “áreas de difícil desempeño y cobertura” y por su especial situación geográfica como frontera sur de Europa.

A esta específica singularidad hay que añadir, según explica la organización, el problema que comparten respecto a la Formación Médica Continuada, un derecho y una obligación del personal sanitario.

Sin acreditación oficial

Sin embargo, desde 2011 la formación continuada de los médicos de las dos ciudades carece de la correspondiente acreditación oficial, lo que imposibilita su valoración en oposiciones, baremos y carrera profesional, entre otros, tanto en su territorio como fuera del mismo.

Por ello, el documento incide también en la necesidad de que se implante la acreditación oficial que ponga fin al “grave agravio con respecto a sus compañeros del resto del Estado”.