El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció ayer en su sede “la ignorancia” del Delegado del Gobierno en la ciudad, sin mencionar directamente el nombre de Abdelmalik El Barkani, por firmar un expediente de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘Ley Mordaza’. El expediente administrativo multa con 100 euros a un sindicalista que participó en una concentración en las puertas del Hospital Comarcal en junio del año pasado.
El miembro de la Ejecutiva de la Federación de Sanidad (FSS-CCOO) afectado, Miguel Ángel Saiz, criticó, acompañado del secretario de comunicación, Suliman Zizaoui, y la secretaria general de FSS-CCOO, Natividad Ramos, esta sanción al considerar que se vulneró su derecho a la defensa, así como a la presunción de inocencia.
Los hechos
Según Saiz, el 7 de junio de 2016 participó en una concentración en la puerta del Hospital Comarcal contra los recortes de puestos de trabajo del personal no sanitario. En este acto y cerca de los manifestantes, se encontraba un dispositivo policial “para garantizar la seguridad de los asistentes”. De acuerdo al sindicalista, él mismo se acercó y comentó “amablemente” a un policía si podían apartarse para dar más visibilidad a los civiles participantes, pero “el agente, en tono chulesco” le pidió el DNI para identificarlo, “mientras se cubría la placa”.
A los ocho meses, Saiz recibió en su domicilio particular una notificación de que debía abonar una multa de 100 euros por acusar al policía de generar “represión, mala imagen y hasta provocación”, hecho que representa una vulneración del artículo 37.4 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, según consta en el expediente facilitado por el sindicalista.
Saiz no pudo alzar el recurso por recibir la notificación una vez pasado el periodo de alegaciones establecido en 15 días. Así, instó de manera “urgente” a cambiar el delegado del Gobierno por su incompetencia.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Melilla emitió ayer por la tarde un comunicado en el que señaló tajantemente que tan sólo se trata “de una sanción resultado de un expediente administrativo, tramitado por el instructor designado, conforme a la legislación vigente aplicable al caso, y no por el hecho de concentrarse o ejercer la legitima actividad sindical”.
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