El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reconoció ayer que existen “zonas de confusión” y de “inseguridad jurídica” en la actuación de las Fuerzas de Seguridad contra la inmigración irregular en Melilla y Ceuta que deben ser solucionadas.
En declaraciones a los periodistas después de reunirse con la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, Catalá habló sobre la propuesta del Grupo parlamentario Popular de ‘legalizar’ las devoluciones.
Aunque Catalá no se pronunció sobre esta iniciativa, sí defendió que la obligación del Gobierno es dotar de herramientas jurídicas suficientes y de un “marco normativo claro” a la Guardia Civil y la Policía Nacional que tienen la obligación de impedir la entrada irregular de personas en nuestro país, fundamentalmente por Melilla y Ceuta.
“Hay alguna zona de confusión que no garantiza las reglas de las Fuerzas de Seguridad. Si estamos teniendo zonas de debate jurídico y en algunos casos zonas de inseguridad para la actuación de las Fuerzas de Seguridad, tenemos la obligación de dotarles de herramientas jurídicas”, enfatizó.
Por ello, el ministro abogó por una reforma legislativa que cuente con el consenso de todos, con el objetivo de fortalecer el “Estado de Derecho y dar seguridad y garantías jurídicas a las Fuerzas de Seguridad”.
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