El contrato para la gestión del centro de reforma que tiene una capacidad para 48 menores infractores y que tiene un valor de 7 millones de euros saldrá ya a licitación. El Pleno ha aprobado este jueves que pase a este proceso, pero se ha contado con los votos en contra de PP y Vox. Y también hubo un enfrentamiento entre varios diputados que provocó que el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, les llamara la atención y dijera que se estaba dando una imagen “deleznable” y “poco edificante”.
El contrato tiene un presupuesto de licitación con impuestos de más de 7 millones de euros y tendrá una duración de 2 años con posibilidad de prórroga. Eso sí, se trata de un procedimiento abierto, pero con tramitación urgente.
El PP ha expuesto varios argumentos para votar en contra de este contrato. El diputado popular, Manuel Ángel Quevedo, señaló que la situación actual de gestión del centro es “ilegal”. Es más hizo referencia a unas palabras de la consejera del Menor, Cecilia González, que reconoció que el hecho de que no se tenga contrato en la actualidad podría llevar a su declaración como “nulo de pleno derecho”, aunque más tarde la consejera en su intervención matizaría estas palabras. Y es que aseveró que una cosa es que sea nulo y otra que sea ilegal.
Quevedo apuntó se le adeudará a la empresa unos 5 millones de euros por estar unos 20 meses sin contrato y que ya son más de 3 millones los que se deben a esta empresa que sigue administrando el centro.
Por su parte, la portavoz de Coalición por Melilla (CpM), Dunia Almansouri, ha explicado que no hay nada ilegal en la actuación del Gobierno. Y ha pedido al PP que dejara de señalar al Ejecutivo con estos argumentos.
Además, la consejera del Menor explicó que hay modificaciones importantes en el pliego y remarcó que se sentía “orgullosa” de haber mejorado varios de esos puntos importantes en este pliego. Y es que ahora se valora el proyecto educativo con 45% de la baremación frente al 30% de la oferta económica.
Para González se trata de un gran avance que se dé más valor al proyecto educativo porque el objetivo es ayudar a los jóvenes que han cometido un delito a reinsertarse en la sociedad.
Y remarcó una novedad importante del contrato y es la creación de la unidad de mediación e intervención familiar que se va a crear y que tendrá una baremación de 10%. Aseveró que en muchos casos el entorno familiar de los jóvenes que acaban en el centro es un factor que les ha llevado a este lugar y que se propone esta unidad para ayudar a las familias en la resolución de conflictos.
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