AUGC denuncia que el casco antidisturbios de la Guardia Civil en Melilla no evita daños de cervical

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido este viernes a la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) que solucione las deficiencias del material antidisturbios en Melilla, después de que el casco de protección de un agente no evitara que éste sufriera un esguince cervical durante uno de los saltos a la valla fronteriza de la ciudad.

Según ha expuesto el sindicato, el casco antidisturbios no protegió totalmente a este guardia civil del golpe que le asestó un migrante con un palo. Lo ocurrido, desde la óptica de AUGC, pudiera deberse a la antigüedad del material, ya que el 93,6 % de los cascos dotados tienen más de 15 años, como sabe la DGGC.

La Asociación ha recordado que este agente se encuentra entre los 32 guardias civiles heridos leves, durante los saltos ocurridos esta semana en el perímetro fronterizo de Melilla, a los que se suman tres heridos de gravedad.

Por eso, una vez más, el sindicato ha pedido a la DGGC que actualice "el obsoleto material antidisturbios, que se va deteriorando por factores climatológicos y no únicamente por el uso". Además, ha solicitado cascos y escudos "que tengan más calidad y proporcionen mayor nivel de protección", como los que se utilizan en "las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional".

En ese sentido, la entidad sindical ha afirmado que la Guardia Civil necesita que la DGGC la proteja y que "no olvide las necesidades ni los riesgos a los que nos exponemos día a día o en situaciones como las vividas últimamente en Melilla".

Asimismo, la AUGC ha expuesto que "no queremos lamentar ningún tipo de daño" que pudiera eludirse con la provisión de un mejor y más moderno material antidisturbios, en el que no solo se incluyen los cascos o los escudos, sino también los chalecos, las coderas, las espinilleras y las máscaras.

Además, la afiliación ha instado al Consejo de la Guardia Civil a que, de manera preventiva, "retire aquellos cascos que están defectuosos o que hayan superado su vida útil".

Por otro lado, la asociación ha resaltado que las compañías de Fiscal y Seguridad Ciudadana, que igualmente prestan servicio para prevenir situaciones irregulares relacionadas con la inmigración, necesitan que se les dote de Equipos de Protección Individual en adjudicación. "La integridad física y la vida de los agentes debe ser una prioridad mayor que el ahorro de dinero", ha sentenciado.

Un viejo problema

Pero el desmejoramiento del material antidisturbios en Melilla no es un problema nuevo. De hecho, la AUGC trasladó hace años a la directora general, María Gámez, la preocupación por que los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) del Instituto Armado "no tienen garantizado un nivel de protección personal idóneo", debido a las deficiencias presentadas en cascos, chalecos, escudos, coderas, espinilleras y máscaras.

Durante uno de los intercambios de comunicaciones que tuvo la AUGC con la DGGC en 2020, trascendió que, de los 8.576 cascos en dotación, 8.030 (93,6%) fueron fabricados antes de 2007.

En ese sentido, la AUGC ha dicho que la DGGC desconocía "cuándo fueron fabricados otros 70 cascos ya dotados", aunque aseguraba "que eran posteriores a 2007". Los restantes, también en dotación, fueron elaborados en 2008, 2011 y 2012.

En tanto, uno de los proveedores del material antidisturbios de la Guardia Civil ha informado al equipo jurídico que "la vida útil de las carcasas de sus cascos es de 10 años". Es decir, que, si bien pueden tener una mayor duración en función del uso, el mantenimiento y la conservación, transcurrida una década, "la empresa ya no se hace responsable del correcto funcionamiento de los mismos".

En cualquier caso, desde la DGGC se ha reconocido que "tampoco existe un procedimiento para el mantenimiento de estos equipos que protegen al agente frente a riesgos graves", sino que "solo hay inspecciones oculares del material". Esto último ha sido incluido entre los Riesgos Laborales por la AUGC, decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en afiliación en la Guardia Civil.