Amado pide medidas como las aplicadas a los ‘kamikaze’

“Los inmigrantes deben ser juzgados antes de ser expulsados”. La reflexión del presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, y del delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, el pasado martes en la que subrayaban la necesidad de articular medidas contra la inmigración irregular violenta, fue compartida ayer por el secretario nacional de Acción Asociativa de la AUGC, Juan Amado. Puntualizó que todo inmigrante que entre de forma violenta y agreda a miembros de la Guardia Civil deben ser “juzgados antes que expulsados”, pero abogó por medidas similares a las adoptadas meses atrás con los coches ‘kamikaze’.
Sin embargo, insistió que la expulsión inmediata de los inmigrantes que intenten acceder a territorio español mediante el uso de la violencia no puede eximir a éstos de saldar las cuentas con la justicia. Es por ello que están elaborando un informe jurídico para exponer las principales demandas del colectivo al delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, para que se articulen las leyes o medidas necesarias para garantizar los derechos a los inmigrantes y a los guardias civiles en estos casos.

La Justicia como garantía
Amado afirmó que las mafias pueden estar aleccionando a los inmigrantes para que provoquen este tipo de agresiones y así asegurar su permanencia en territorio español, pero esta agresividad puede poner en peligro la vida de los agentes del Instituto Armado.
El responsable nacional de la AUGC explicó que en este caso de agresiones a guardias civiles u otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se interpone la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales. Mientras que el inmigrante ha sido detenido y permanece en prisión, explicó Amado, en cierta manera se está aprovechando de la lentitud de la Administración de la Justicia para permanecer en territorio español, ya sea en prisión o en un centro de internamiento, por lo que su expulsión se retrasa.
Es por ello que la AUGC pedirá que se articulen los mecanismos necesarios para luchar contra la inmigración violenta o leyes específicas que refieran estos casos y que supongan una expulsión directa del territorio español. Eso sí, una vez resuelto el procedimiento judicial correspondiente.