Agilidad en la administración de Justicia

EL juez decano de Melilla, Fernando Germán Portillo, asumió este cargo el pasado enero con el objetivo claro de mejorar las condiciones de funcionamiento de los Juzgados de la ciudad. Ayer ofreció una rueda de prensa en la que anunció una noticia que a buen seguro hará posible ese objetivo.

El próximo día 18, se cubrirán tres vacantes en los tribunales melillenses. En concreto, corresponden a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 3 y al Juzgado de lo Penal número 1.
De esta forma, se pondrá fin a una situación anómala, en la que había jueces que, a la considerable carga de trabajo que asumen, debían añadir la de los juzgados que se encontraban sin un titular. Era el caso, por ejemplo, de la juez a cargo del Penal 2, que debía asumir las competencias del 1 al no haber solicitado ningún juez de carrera esa plaza hasta ahora.
El propio juez decano tuvo que hacerse cargo durante un tiempo de dos salas: la del Contencioso-Administrativo 3 y la del de Primera Instancia e Instrucción  3. Tras haber asumido el decanato de los Juzgados, Portillo se ocupa ya únicamente del juzgado de lo contencioso.
El decano celebró que con la llegada de los nuevos jueces “se va a acabar la justicia interina en ­Melilla”, puesto que ahora va a estar administrada por completo por “jueces profesionales” que han ganado su plaza tras haber­ superado la correspondiente ­oposición.
De esta forma, proclamó que la incorporación de los nuevos magistrados tendrá su reflejo en el “mejor funcionamiento de la Justicia”, que sin duda beneficiará a los ciudadanos que acuden a los tribunales.
El juez decano también aprovechó su intervención ante los medios para subrayar que las Torres V Centenario no son el lugar idóneo para alojar los Juzgados, puesto que sus instalaciones no son suficientes y, además, algunas de sus plantas están ocupadas por oficinas de entidades ajenas a la administración de Justicia, como es el caso de Ingesa.
Aunque quizá la principal lectura que hizo Portillo fue su crítica a la influencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, plasmada a través de la elección por parte del Parlamento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los tribunales españoles.
El juez decano subrayó que esa conexión entre política y judicatura “pone en peligro” el Estado de Derecho, pues “para que un sistema democrático funcione como tal, tiene que estar libre toda sospecha, y ahora mismo no lo está”.
La Constitución de 1978 consagra la división de poderes. El hecho de que un miembro del Poder Judicial denuncie que esta disposición de nuestra norma suprema no se está cumpliendo debe, como mínimo, invitar al poder político a reflexionar sobre el asunto.