{jaimage crop="ML" /}Francisco Mayoral, hombre de confianza de Gregorio Escobar, explicó ante el juez cómo se tramitaban los salvoconductos para llevar a la península a marroquíes que necesitaban atención sanitaria a través de esta ONG.
El ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno y hombre de confianza del socialista Gregorio Escobar, durante su etapa como responsable gubernamental, Juan Francisco Mayoral, prestó declaración ayer en el Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla en calidad de imputado en el caso del fraude de la ONG ‘Mujeres por la igualdad’. Durante la comparecencia ante el juez, Mayoral explicó cómo se tramitaban los salvoconductos que autorizaban los traslados a la península a marroquíes que necesitaban atención sanitaria, una gestión por la que, supuestamente, esta ONG cobraba cierta cantidad de dinero a estos inmigrantes.
Según pudo saber El Faro, Mayoral asistió a los juzgados en calidad de imputado, asistido por su abogada, pues él era el responsable de recepcionar las solicitudes para estas autorizaciones y canalizarlas al funcionario de la Delegación encargado de revisar cada impreso. De hecho, además del ex jefe de Gabinete de la Delegación comparecieron en la mañana de ayer varios funcionarios, pero, según indicaron fuentes cercanas a la investigación, en calidad de testigos.
Las ‘razones humanitarias’
El propio ex jefe de gabinete explicó a este diario que en esa época aún no se había modificado la Ley de Extranjería y las solicitudes para autorizar los traslados sanitarios por “razones humanitarias” se aprobaban en la Delegación del Gobierno. De hecho, era Gregorio Escobar en última instancia el que daba luz verde a estos traslados de inmigrantes, a petición no solamente de la ONG ‘Mujeres por la igualdad’ sino también de otras que trabajan en Melilla con el colectivo inmigrante.
Sin embargo, tras la modificación de la legislación para este tipo de trámites ahora se llevan a cabo en la Jefatura Superior de Policía.
Mayoral se mostró “muy tranquilo” tras la declaración ante el juez, a quien detalló que él únicamente se dedicaba a recoger las solicitudes que le entregaban las ONG y canalizarlas a los empleados públicos encargados de tramitarlas para su aprobación.
El caso se encuentra en fase de instrucción y bajo secreto de sumario, por lo que, Mayoral no pudo ofrecer más detalles. Únicamente consiguió intuir de qué se trataba la citación judicial que recibió a través de las preguntas que le formuló el juez.
El supuesto fraude cometido por la ONG ‘Mujeres por la igualdad’ saltó a la opinión pública en mayo de 2012, cuando las dos representantes de la entidad, presidenta y secretaria, fueron detenidas por la Policía Nacional de Melilla, acusadas de haber defraudado a la Seguridad Social cerca de 600.000 euros, según las pesquisas policiales.
Las detenciones se realizaron dentro del marco de la ‘Operación Turco’ en mayo de 2012, tras dos años de investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla. A ambas, en libertad bajo fianza desde entonces, se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la Seguridad Social, estafa, extorsión, falsedad documental, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
Una investigación que se inició en A Coruña en 2010
La declaración recibida en 2010 en A Coruña de un ciudadano marroquí afectado que denunció que responsables de la ONG ‘Mujeres por la Igualdad’ le estaban amenazando por no pagar el importe acordado por el salvoconducto con el que había conseguido viajar a la península, dio lugar a las investigaciones de la denominada ‘Operación Turco’. Tras dos años de investigación, la Policía Nacional determinó que el procedimiento que utilizaba esta supuesta red para sus actividades consistía en que las personas enfermas contactaban con la ONG directamente, o les eran remitidas por personas afines, y, tras realizar los trámites necesarios para la obtención del salvoconducto, se les daban las indicaciones oportunas sobre qué es lo que debían hacer al llegar a su destino, con la finalidad de obtener de forma gratuita el tratamiento médico que necesitaban. Los viajes a la península de los enfermos, o en ocasiones personas que decían estarlo, se enmascaraban con citas en clínicas privadas donde, supuestamente, iban a costearse los tratamientos médicos de sus propios bolsillos. Pero la realidad era que no acudían a dichas citas y sí lo hacían a los servicios de urgencias de la Sanidad Pública, tras haberse empadronado previamente. En algunos casos, estos viajes no tuvieron un motivo sanitario, sino únicamente la finalidad de documentarse legalmente. Como contrapartida, la organización solicitaba a los beneficiarios de salvoconductos distintas cantidades de dinero en concepto de “donativos”, al haberles conseguido, de manera gratuita, unos tratamientos médicos de alto coste, a cargo de la Seguridad Social.
