La Asociación de Tropa y Marinería (ATME) se ha vuelto a dirigir al ministerio de Defensa para que iforme sobre el número y situació de los militares intoxicados y heridos en los trabajos de recuperación de las localidades damnificadas por la DANA de octubre pasado.
Ello, después de la intervención de su ministra, Margarita Robles, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados, donde manifestó que, en los primeros momentos de la emergencia de la DANA en la provincia de Valencia, hubo militares intoxicados y que tuvieron que ser ingresados por no haberse adoptado protocolos de seguridad específicos en ese momento; estos protocolos se emplearon una vez que la dirección de la emergencia dio unas líneas de actuación.
Se ha solicitado información sobre el número de militares intoxicados y heridos, el número de hospitalizados, qué protocolos de seguridad se adoptaron hasta que la dirección de emergencias dio las primeras líneas de actuación y si los militares intervinientes contaron desde un primer momento de los equipos de prevención individual (EPI,s) necesarios.
Se debe recordar que ATME ya solicitó información al ministerio de Defensa, fechada el 15 de noviembre del presente año, donde manifestaba su preocupación y solicitaba información sobre las condiciones de vida y trabajo del personal militar que está trabajando en Valencia, a lo cual se le respondió que el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas no era competente para conocer sobre estas materias.
ATME, sin embargo, insiste en tener conocimiento sobre estos temas al entender que este despliegue en territorio español afecta a los intereses de sus asociados y de los militares en su conjunto, así como a la determinación de las de las condiciones de trabajo que realizan, no afectando de ninguna manera a las “decisiones de política de seguridad y defensa, en el planeamiento y desarrollo de las operaciones militares y en el empleo de la fuerza” recogidas en la Ley Orgánica de derechos y deberes del personal de las Fuerzas Armadas.
"Escudarse en esta ley para no dar información sobre las condiciones de trabajo de los militares en territorio nacional, cuando no afecta a la seguridad nacional, es una malinterpretación interesada del espíritu de esta, lo que hace que se mantenga en la posición que sostiene desde hace años de la urgencia de su actualización", concluye.
