Un año después de las elecciones generales del 23J, PP y Vox perpetran su mayor ataque al resultado electoral.
Estamos ante una persecución política orquestada por la derecha y la ultraderecha contra el presidente del Gobierno y su familia. Un año después del 23J siguen sin aceptar el resultado electoral. Tratan de lograr con oscuras maniobras judiciales lo que no consiguieron en las urnas.
Toda esta causa contra la esposa del Presidente está orquestada sobre una colección de bulos judicializados por conocidas organizaciones de derecha y ultraderecha. Todo el procedimiento consiste en una investigación prospectiva sin fundamento jurídico alguno.
No hay causa y así lo demuestran todas las diligencias practicadas hasta la fecha: los informes de la UCO, las testificales practicadas, los recursos de la Fiscalía. La nuevas diligencias (llamar a declarar al Presidente del Gobierno) son absolutamente injustificadas y revelan la naturaleza política de este caso. El Presidente del Gobierno ya lo advirtió en su carta a la ciudadanía: “esto iba a ir a más”.
España cuenta con un Estado de Derecho sólido y la justicia acabará prevaleciendo. PP y Vox no se van a salir con la suya. La verdad y la democracia se impondrán frente a este atropello democrático.
Está claro que este caso de “lawfare” se sustenta en el “mediafare”. Sin la desinformación, las noticias fake, los bulos y el fango mediático, esta causa no solo no tendría ningún recorrido judicial, sino que hubiera agotado el objetivo último, que no es otro que derribar a un Presidente del Gobierno elegido por la mayoría de los españoles en las urnas como establece nuestro marco democrático, parlamentario y constitucional.
Por eso, el Plan de Acción Democrática presentado por el Gobierno tiene como objetivo, frente a la desinformación y el fango, la regeneración de nuestro sistema democrático basado en los principios de libertad, pluralismo y transparencia.
La libertad de los medios de comunicación es un pilar esencial en democracia. Debemos garantizar una prensa libre, independiente y plural, así como el derecho de todos los ciudadanos a recibir una información veraz.
Las “fake news” erosionan la confianza de la ciudadanía en la democracia y sus instituciones. La erosionan y como ha señalado el juez Garzón sobre la actuación del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez: “Está causando un daño irreparable”.
Es un problema que afecta a toda Europa, y por eso la Comisión Europea ha pedido a los Estados que adopten medidas para proteger a los ciudadanos y a los medios de comunicación frente a la desinformación, la injerencia extranjera y el discurso de odio.
Siguiendo esta indicación, el Gobierno mantiene una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para proponer un plan de acción que ayude a proteger y fortalecer nuestra democracia, dotándola de más transparencia y rendición de cuentas en tres ámbitos: el poder ejecutivo, los medios de comunicación y el poder legislativo.
Lo cierto es que todo el ruido político y el fango mediático-judicial son una peligrosa estrategia del PP para tratar de ocultar una realidad tan cierta como son sus mentiras: que España lleva dando los mejores resultados en desempleo, estabilidad laboral y crecimiento económico de las dos últimas décadas. Todo ello con un sistema de protección social que no deja a nadie atrás.
Se ha caído uno de los grandes mantras implantado por la derecha y su política económica neoliberal durante años, que no se podía crecer sin reducir el gasto público y el gasto social. Políticas que justificaban su reforma laboral, sus copagos y el rescate de la banca, en vez del rescate a familias cuando más lo necesitaban.
