El sistema de financiación autonómica actualmente en vigor va a ser objeto de una reforma, aunque todavía se desconoce en qué términos está dispuesto el Gobierno de Sánchez a modificar las normas porque sigue sin haber una propuesta concreta, según decía ayer el consejero de Hacienda de Melilla, Daniel Conesa. Éste había participado en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera celebrada el lunes, que fijó el techo de deuda pública para 2025 y en la que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular quisieron que se explicitara qué piensa el Ejecutivo central con respecto al futuro de la financiación para sus terrritorios.
Y es que todos temen que Cataluña se quede con el pastel de obtener una "financiación singular" en contra de los intereses del resto de España. Es decir, que haya una negociación bilateral entre el Gobierno y los catalanes, pacten su propio sistema y las migajas sobrantes después de salirse del régimen general sean lo que tengan que repartirse las comunidades.
Que Cataluña obtenga una ventaja de esas características no encajaría en la Constitución, según razona Daniel Conesa. De hecho, la Carta Magna solo establece un fuero especial para el País Vasco y Navarra por cuanto se está hablando del respeto a la historia de ambos territorios. En definitiva, que equiparar en el régimen fiscal a Cataluña con País Vasco y Navarra queda fuera de lo contemplado por las normas constitucionales.
Resulta que cuando el consejero de Hacienda melillense le pone sobre la mesa a la ministra Montero la necesidad de que la financiación autonómica respete las peculiaridades de cada comunidad, ésta trata de callarlo respondiéndole que Melilla ya tiene reconocidas sus propias singularidades. Claro que sí, por supuesto que las tiene y están motivadas por razones geográficas con el fin de que la distancia no generase excesiva diferencia con los españoles en la península, algo que Cataluña, por ejemplo, no puede argumentar porque carece de especificidades tan claras con respecto al resto de España.
El caso es que Melilla no solo debe mantener su régimen fiscal especial sino que, además, debe ampliarlo aún más e incluso fijarlo en el propio Estatuto de Autonomía para que no esté al vaivén de cualquier Gobierno que llegue y decida eliminarlo de un plumazo, como hizo el equipo de Pedro Sánchez con la bonificación a la Seguridad Social, que dice que va a reponer a primeros de noviembre próximo tras reconocer el error de haber tomado aquella aciaga decisión.
La ciudad necesita que el Gobierno de España apueste por su futuro no sólo en inversiones públicas, que también, sino en generar un caldo de cultivo adecuado, que permita la llegada de empresas sobre todo ahora que se trabaja intensamente en la implantación y desarrollo de una industria tecnológica en Melilla. Por eso no estaría de más que en vez de utilizar ese régimen especial como arma arrojadiza contra los melillenses, se dedicaran a estudiar fórmulas que amplíen sus ventajas.
El nuevo modelo productivo que la ciudad necesita no solo puede depender de los esfuerzos que se realicen desde el Ejecutivo local en materias como el turismo, la universidad y las nuevas tecnologías. El Gobierno nacional tiene mucho que decir y puede hacerlo proponiendo para Melilla un sistema de financiación que cubra sus necesidades y que sienten las bases de ese futuro que los ciudadanos demandan.
