El juez decano dice que "se abre una puerta peligrosa" con la ley de amnistía

El juez decano de Melilla, el magistrado Fernando Germán Portillo, cree que la aprobación de la ley de amnistía "abre una puerta peligrosa" en España ante la posibilidad de que cualquier partido que llegue al Gobierno pueda hacer su propia legislación en ese sentido para que los suyos no paguen la comisión de posibles delitos anteriores a la creación del Ejecutivo. "Imaginen que esto pudiera ocurrir con el Partido Popular, que necesitase los votos de un partido con condenados o que ellos mismos tienen personas con problemas con la justicia y quisiera aprobar una ley para amnistiarlos", explicó.

En su opinión, lo que sucede en España con esa ley es que se ve a "casta cuidando de casta", es decir, "poderosos abusando de su poder", comentó para añadir que esa legislación rompe el principio constitucional que establece la igualdad de todos los españoles y "descose las costuras" del Estado de Derecho con la interferencia de un poder, el legislativo, contra otro, el judicial. "La separación de poderes es fundamental en todo Estado de Derecho", insistió.

Además, recordó que el discurso de los independentistas, que siguen apostando por la salida de Cataluña de España y han anunciado por activa y pasiva que no renuncian a la vía unilateral de la declaración de independencia de ese territorio, viene a desmontar el argumento del Gobierno respecto a que la ley de amnistía supone una "pacificación".

"Si se nos quiere vender, y así lo dice la exposición de motivos de la proposición de ley, que se trata de superar el conflicto y pacificar una situación, y nos encontramos con que las personas que van a ser amnistiadas no piden siquiera perdón por lo que hicieron, es evidente que el argumento se cae por su propio peso. Ellos dicen que quieren seguir forzando todavía más las costuras del Estado de Derecho con la independencia, lo que hace que quede desautorizado la propia exposición de motivos de la proposición de ley", argumentó.

El magistrado defiende que los jueces utilicen la figura jurídica que aporta la "cuestion prejudicial" para establecer si la ley de amnistía es o no aplicable a cada caso. "Aplicar la ley significa aplicar el derecho, todo el derecho que tenemos", manifestó en clara alusión al hecho de que el Gobierno pretenda que la "cuestión prejudicial" no paralice la aplicación de la amnistía.

"Si un juez tiene dudas a la hora de aplicar una ley, sea por su ajuste a la Constitución española o al derecho europeo, puede plantear las cuestiones bien al Tribunal Constitucional o a los tribunales europeos sobre si efectivamente la ley es correcta o no desde el punto de vista constitucional o del derecho europeo", señaló.

Eso no significa, aclaró, que el juez en cuestión se esté negando a aplicar la ley. "Es la ley precisamente la que regula las cuestiones prejudiciales. Se trata de una herramienta legal que el Parlamento español y el europeo han previsto para vigilar que la legislación que se hacer se ajusta al derecho superior, que es el derecho europeo".

De ahí que considere que habrá magistrados que puedan tener dudas sobre la aplicación de la amnistía en determinados supuestos. "Si hay dudas, el procedimiento se tendrá que suspender hasta que el juez se pronuncie", comentó en alusión al hecho de que se pretenda que la amnistía no pueda quedar en suspensor entre tanto se pronuncian los órganos superiores del derecho.

"La ley de amnistía no puede cambiar la realidad del derecho europeo y la aplicación de esa suspensión es una exigencia", manifestó para reconocer que la citada ley choca frontamente con el derecho europeo. "Choca contra el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y contra la separación de poderes pero es que, además, la redacción de la proposición de ley incluye una serie de delitos, como el terrorismo o la malversación de fondos, que muy difícilmente van a ser admitidos por la Unión Europea".

Según afirmó, es el derecho europeo precisamente el que persigue de un modo muy concreto los delitos de terrorismo y de malversación de caudales públicos sin hacer distinciones, como sí hace la ley de amnistía, entre "terrorismo bueno y terrorismo malo" o "que el dinero no se lo queda uno y se lo regala a un tercero". "Es una distinción forzada en la propia ley de amnistía y Europa no va a pasar por ahí porque incluso parte de ese dinero es europeo".