Los funcionarios de Justicia suspendieron el martes la huelga indefinida que mantienen desde el pasado día 22 de mayo hasta la formación de las Cortes y del nuevo Gobierno que salga tras las elecciones generales del próximo día 23 de julio.
Según ha explicado el presidente del sector de CSIF en Melilla, Ángel Castillo, hay, al menos, dos motivos principales, como son, por un lado, que la gente está empezando a cogerse vacaciones, lo que redunda en una menor participación, y, por el otro, que, después de dos meses y medio de movilizaciones y sin que haya movimientos por parte del Ministerio de Justicia, “ningún trabajador puede soportar el agotamiento económico que supone que todos los días te quiten más de 100 euros de la nómina”.
Castillo ha asegurado que la decisión del comité de huelga –formado por CSIF, CCOO, UGT y STAJ- fue tomada por unanimidad porque creen que es “lo mejor”.
No obstante, el representante sindical ha explicado que, aun así, hasta el día de las elecciones se van a mantener dos jornadas de huelga completa, más sendas concentraciones cada día. La primera será el 11 de julio, en La Moncloa, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros, en tanto que la segunda, el 20 de julio en Logroño, coincide con la cumbre de la Unión Europea (UE) sobre Justicia que se celebrará en esa ciudad. En principio, no obstante, Castillo no cuenta con que vaya a haber representación de Melilla en ninguna de esas acciones. Paralelamente, se convocarán concentraciones en delegaciones de Gobierno.
Cabe recordar que la huelga comenzó el pasado día 17 de abril con paros parciales de tres horas diarias por la mañana. Luego hubo paros durante otro par de días y posteriormente, en mayo, se produjeron seis jornadas completas de huelga –días 9, 10, 11, 16, 17 y 18- hasta que, el día 22, se declaró la huelga indefinida. En total, todo ello ha dejado en Melilla un saldo de alrededor de 200 juicios suspendidos y unos 1.600 expedientes paralizados. Estas cifras aumentan, en el cómputo nacional, a más de 1,5 millones de juicios suspendidos y millones de diligencias y expedientes paralizados.
Tras fracasar el último intento de los funcionarios con el Ministerio de Justicia, el pasado viernes, con la propuesta de que designara a un mediador, de acuerdo con el artículo 45 del Estatuto Básico del Empleado Público sobre solución extrajudicial de conflictos colectivos, por no haber respuesta por parte del Gobierno, se aplaza la huelga hasta la constitución de las nuevas Cortes y la formación del nuevo Gobierno. Sin embargo, lejos de haber concluido, “el conflicto continúa”, según Castillo, quien ha añadido que, en septiembre se le explicará al nuevo Ejecutivo que salga de los comicios que “tiene que dar una solución”, máxime cuando, según el comunicado emitido por el comité de huelga, "la gran repercusión pública de las movilizaciones" es "la prueba" de que cuentan con "el apoyo de la sociedad".
"No somos menos ni más que letrados, jueces y fiscales. Somos la pieza esencial de la Administración de Justicia, por los que pasan el cien por cien de los actos procesales y, si hay dinero para reconocer el trabajo de ellos, también deben reconocerse nuestras funciones reales y el papel que debemos desarrollar en una Justicia digital y moderna", anota el comité de huelga, que reitera que continuarán con las presiones a los partidos políticos a nivel provincial, autonómico y nacional para trasladarles sus reivindicaciones y que el próximo Gobierno no se olvide de que "tiene una cuenta pendiente antes de iniciar la legislatura".
Entre estas reivindicaciones, cabe citar la petición de negociación sobre la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) y una oferta económica oficial por parte del Gobierno.
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