Según Eurostat, dos de cada tres jóvenes con menos de 34 años viven con sus padres en nuestro país. Un dato que demuestra hasta qué punto afecta a la ciudadanía la problemática de la vivienda y lo necesario y oportuno que ha sido el Gobierno socialista al aprobar la primera Ley de Vivienda de la democracia que está centrada, entre otras cuestiones, en solventar los altos precios de la vivienda y del alquiler para facilitar su acceso.
Una ley histórica, por ser la primera de toda la etapa democrática, pero también porque se trata de un paso importante para garantizar una vivienda digna por ley, dando respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y reforzando nuestro estado del bienestar.
La ley, a la que solo le falta el trámite del Senado, incluirá medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitará que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyará a los jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda.
Asimismo, ofrecerá al resto de administraciones diferentes herramientas que contribuirán a contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social.
Entre las ventajas que va a suponer esta ley están el Impulso de la vivienda pública, la implementación de mejoras para fortalecer el equilibrio en las relaciones entre arrendador y arrendatario, o los límites al precio del alquiler, que se llevarán a cabo con beneficios fiscales o urbanísticos para las viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido o declarando zonas de mercado residencial tensionado para poder aplicar medidas de reducción del alquiler, entre otras medidas.
Pero, mientras echa a nadar esta ley, hay que recordar que el Gobierno del PSOE lleva ya muchas medidas puestas en marcha para afrontar el problema de la vivienda en Melilla, como los 345.000 euros del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que han sido destinados en subvenciones para ayudas al alquiler de colectivos vulnerables, para incrementar el parque público de vivienda y para el fomento de la rehabilitación de viviendas.
O los 700.000 euros que se han dedicado a la construcción de viviendas sociales de alquiler asequible dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los 200.000 euros que se han destinado al Bono Alquiler Joven durante el pasado año 2022 o los 2 millones de euros en el marco del Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han destinado para desarrollar el “Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales”.
Esta misma semana el Consejo de Ministros aprobada dos importantísimas medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Por un lado ha aprobado destinar más suelos del Ministerio de Defensa en desuso a potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda asequible. En concreto, ha dado luz verde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana () a adquirir, a través de la Entidad Pública de Suelos (SEPES), hasta 8,25 millones de m2 de terrenos públicos propiedad de Defensa para levantar, de forma estimada, alrededor de 20.000 viviendas asequibles, de las cuales 972 serán en Melilla.
Por otro lado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la concesión de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes y familias con menores a su cargo. Así, se va articular una línea de avales para facilitar el acceso a la financiación necesaria para la adquisición de la primera vivienda dentro del territorio nacional a colectivos que, siendo solventes, no disponen de ahorro previo con el objetivo es facilitar la compra de aproximadamente 50.000 viviendas.
A este esfuerzo del Gobierno para ayudar al acceso a la vivienda se suma el Plan de impulso de la vivienda de promoción pública en Melilla que recoge el Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico como tercera medida de su eje 2.
El objetivo del Gobierno de España es potenciar la vivienda de promoción pública en Melilla. Gracias a medidas como la desafectación de suelo propiedad del Ministerio de Defensa será posible aumentar considerablemente la oferta de vivienda de promoción pública en la ciudad.
Por ello, se constituirá un grupo de trabajo con representación de la Administración General del Estado y de la Ciudad Autónoma para estudiar y dimensionar en Melilla cuántas viviendas se podrían promover con las disponibilidades de suelo existentes y las que se generen una vez se haya desafectado el suelo propiedad del Ministerio de Defensa. El resultado de los trabajos de este grupo se plasmará en un plan de impulso de la vivienda de promoción pública.
Los socialistas vamos a situar en el centro de nuestras políticas, de nuestra acción gubernamental, la vivienda. Tal y como ha anunciado el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través del ICO, se creará una línea de avales para garantizar el 20% de entrada para la hipoteca de la primera vivienda a nuestros jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores anuales a los 37.800 euros y también para las familias con menores a cargo.
Esa es la gran diferencia entre el PSOE y el resto de partidos. Los socialistas vamos a hacer de la vivienda un derecho, no un problema. Cuando otras formaciones hablan de vivienda, hablan de suelo y de la vivienda como un bien de lujo. Desde el PSOE la queremos convertir en un bien de primera necesidad, en un derecho constitucional.
Algo que se plasma no solo en palabras, sino en hechos y cifras: cuando el Partido Popular gobernaba, había Consejos de Ministros de recortes, ahora hay Consejos de Ministros de avances sociales. En los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los últimos elaborados por los populares, había presupuestados 470 millones de euros para vivienda pública, en los actuales Presupuestos hay 3.470 millones de euros para ese fin.
Si en la emergencia sanitaria el Gobierno socialista avaló a autónomos y empresas, ahora, ante la emergencia habitacional, va a avalar a nuestros jóvenes y las familias con menores a cargo. No es asumible que nuestros jóvenes se emancipen con más de 30 años y tener un 3% de vivienda protegida frente a la media europea del 9% o de los países nórdicos, que tienen un 20% de vivienda protegida. Por ello, en los próximos 5 años, se va a aumentar un 50% la vivienda protegida para que los jóvenes y la gente con dificultad para acceder a una vivienda tengan garantizado el derecho.
Vamos a poner la vivienda en el centro de nuestras políticas. Vamos a convertir el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos en algo real, más allá de su mero reflejo en la Constitución. Porque un hogar nunca debió convertirse en un bien inaccesible.
