Este martes se cumplen tres semanas de la apertura de los pasos fronterizos de Marruecos con Ceuta y Melilla para viajeros tras más de dos años cerrados por la pandemia, y una desde que se abrieran para los trabajadores transfronterizos, un periodo en el que más de 170.000 personas han cruzado de un lado a otro.
Hoy y para concretar la última fase de la normalización del tránsito, que incluye la circulación de mercancías, representantes de las autoridades competentes del control fronterizo en España y Marruecos se reúnen en Madrid, donde se establecerán las modalidades y el calendario a seguir, según explicó el Ministerio del Interior el pasado domingo.
Ceuta reclama el paso de mercancías y Melilla que se reabra la aduana que se cerró.
El encuentro se circunscribe a la aplicación de los compromisos del acuerdo entre España y Marruecos del 7 de abril, en particular en lo relativo a la progresiva normalización de la circulación de personas y mercancías, por medio de los sistemas de control aduanero y de personas.
El acuerdo, fruto de la reunión entre el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el pasado 7 de abril, tras la crisis diplomática entre ambos países, que alcanzó su momento álgido con la entrada ilegal de miles de inmigrantes en mayo del pasado año, quedó reflejado en una declaración conjunta suscrita por ambos países.
En cumplimiento de dicho acuerdo la madrugada del 17 de mayo Marruecos abrió sus fronteras a las personas que reunían los requisitos exigibles para trasladarse al resto del espacio Schengen -los nacionales de la Unión Europea, marroquíes con visado o permiso de residencia en la UE, así como los que tenían pasaporte en vigor.
Desde ese día, más de 100.000 personas han cruzado en ambas direcciones la frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos, y otras 70.160 lo han hecho por la de Beni-Enzar, en Melilla, según datos de la Delegación del Gobierno en ambas ciudades autónomas.
En estos días han salido desde Ceuta en dirección al país vecino 60.996 personas mientras que en sentido contrario han accedido hasta 55.935 personas, sumando en total 116.931 pasos.
En lo que se refiere al movimiento de vehículos se han alcanzado los 17.079 en el sentido Ceuta-Marruecos y los 17.299 desde el lado marroquí.
El tránsito desde Melilla hacia Marruecos ha sido en este periodo ligeramente superior, con un total de 35.923 personas y 12.923 vehículos, frente a las 34.237 personas y 10.966 vehículos que han pasado la frontera desde Marruecos hacia Melilla.
El movimiento de personas y vehículos -que ha aumentado este último fin de semana- se espera que se intensifique con motivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) en la que participan miles de ciudadanos magrebíes que trabajan en Europa.
Tras esta primera apertura, el 31 de mayo, en una segunda fase, se permitió el paso a los trabajadores transfrorentizos legalmente autorizados, sin embargo estos denuncian que la existencia de nuevas trabas burocráticas desde España están lastrando sus posibilidades de ser nuevamente contratados.
Antes del cierre de la pandemia, en Ceuta había 2.500 marroquíes con contratos, la mayoría empleadas de hogar. En Melilla había 1.847 marroquíes con contratos españoles en vigor, pero tras más de dos años de clausura, solo quedan 80.
Esas 80 personas, según ha explicado Efe Atika Jatta, representante del sindicato Unión Marroquí del Trabajo (UMT), residían ya en Melilla antes de la reapertura, y el resto se encuentran en Nador esperando a que sus antiguos empleadores les vuelvan a contratar.
Algo que no está sucediendo porque, según su versión, los empleadores españoles se han encontrado con un cambio por parte de España, que les pide ahora hacer más trámites burocráticos y pagar más Seguridad Social para contratarles, con lo que acaban desistiendo.
Más de mil de estos trabajadores son mujeres que hacían labores de cuidado de personas y limpiaban casas de españoles, las cuales vieron sus contratos acabar de forma abrupta en 2020 sin recibir ninguna compensación por despido.
Ante situación se están planteando recurrir a la Justicia para reclamar al Gobierno español 100 millones de euros en concepto de indemnización.
