En aras de poner coto a sucesos como el de abril pasado en Melilla cuando se denunció una bronca de jóvenes armados con cuchillos y catanas, el Ministerio del Interior aprobó recientemente el “Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto al control de las armas blancas y otros instrumentos peligrosos para la seguridad ciudadana”, mediante el cual a los agentes se les permitirá incautar ese tipo de armas, incluso en casos donde el portador tenga licencia de posesión.
En el texto firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, se explica que se podrá proceder “a la ocupación temporal de cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se porten con licencia, permiso o autorización”, con el objetivo de evitar un delito o cuando estén en situaciones de riesgo personas o bienes.
Esta intervención deberá ser justificada a partir de una amenaza o comportamiento peligroso, que implique posibilidades de perjudicar o atentar contra derechos y libertades individuales y colectivas.
Todo ello deberá quedar documentado de acuerdo con los parámetros establecidos y se tomarán datos relacionados con el responsable, los daños causados por este, el contexto en el que tuvo lugar el suceso, además de las características e imágenes del arma.
Señala una nota de prensa que con el reciente protocolo se persigue un refuerzo en el control de este tipo de artefactos, mediante acciones que generen un perfeccionamiento en el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en ese sentido, entre ellas, la promoción de programas formativos para mejorar las respuestas de los agentes; llevar a cabo diligencias orientadas a evitar el uso de armas blancas, así como afianzar la cooperación entre entidades locales y autonómicas para garantizar una acción “rápida y eficaz”.
Además de ello, el documento tiene el fin de advertir el peligro que significa el uso de estos objetos e insiste en que el Reglamento de Armas ordena “la prohibición absoluta de portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo, en su caso, de las correspondientes actividades deportivas, de cualquier clase de armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda”.
Por otro lado, esta instrucción también busca promover la colaboración entre fuerzas del orden y que se efectúen Juntas Locales de Seguridad para diagnosticar los posibles sitios hacia donde se deba dirigir una mayor cantidad de agentes.
En cuanto al apoyo entre instituciones, también prevé estimular la realización de reuniones con autoridades judiciales para ahondar en temas relacionados con las modalidades delincuenciales vinculadas a la posesión de armas.
Como parte de otras informaciones relacionadas con el Ministerio encabezado por Fernando Grande-Marlaska, se conoció hace unos días que dicha entidad difundirá mensajes en espacios publicitarios con el objetivo de recurrir a la cooperación de la ciudadanía en las investigaciones.
Para dar cumplimiento a ello, el secretario de Estado de Seguridad rubricó un convenio con las compañías Ipunto, Clear Channel, Exterion, Redext y Gran Pantalla, las cuales poseen monopostes publicitarios digitales a lo largo del país.
En esos escenarios aparecerán alertas acerca de personas desaparecidas y allí se colocarán datos relacionados con números de contacto o direcciones de correo electrónico para atender a la población, además de otros detalles como la fecha en que se vio por última vez a la persona, la ropa que vestía en ese momento, así como una descripción física, entre otros.
Los acuerdos se extenderán durante tres años prorrogables y las empresas no cobrarán al Ministerio por motivos de divulgación de los mensajes.
Le sacan más navajas a los vigilantes que a la policía, pero éstos que los apunalen.